¿Estamos ante una nueva macrocausa judicial? El producto en discordia se llama Certificados de Depósito para Acciones (CDA) y cuenta con 46.500 clientes en toda Europa de los que 7.000 son españoles. “Pese a su nombre, no son depósitos ni acciones. Se trata de un producto clasificado como complejo y que guarda gran similitud con las participaciones preferentes. Es un producto bancario de riesgo 6 en una escala de 6, por este carácter complejo y su perpetuidad”, explica María Serrano del bufete de abogados Arriaga Asociados.

Por su parte, Antonio Gallardo experto de Banqmi, el comparador financiero de iAhorro, destaca que hay que dilucidar si a la hora de comercializar estos productos no se informó de forma adecuada a quien los adquiría sobre sus riesgos. “Por ejemplo, la inclusión de la palabra “depósito” sin esta adecuada explicación de los riesgos ha podido conllevar que algunos usuarios lo adquirieran creyendo que era un valor seguro”, matiza.

En concreto, los CDA se intercambiaban en enero de 2021 por 84 euros y en febrero de 2022 anunció un programa de recompra por 59 euros por título. Sin embargo, este mes de agosto Triodos Bank ha descartado la recompra de sus CDA y propone un dividendo extraordinario de 1,01 euros, antes de impuestos, por cada CDA. “Todos los titulares de este producto han perdido en el último año el 30% del valor de su inversión, además al no estar protegidas ni garantizadas por el Fondo de Garantía de Depósitos, no se garantiza de ninguna manera la recuperación del capital invertido”, señala María Serrano de Arriaga Asociados.

Desde este bufete de abogados explican que el funcionamiento de los CDA en la entidad era muy similar a un sistema piramidal; puede entenderse que con la compraventa de estos certificados se financiaba el banco que pagaba los dividendos de los titulares a través del precio de abono de compra que pagaban los nuevos clientes.

Falta de transparencia, complejidad del producto y la falta de información son algunos de los motivos por los que ahora miles de españoles y de europeos podrían demandar a la entidad. María Serrano apunta que el producto ha sido ofertado por la entidad como un producto de muy poco riesgo a pesar de la volatilidad de su precio ya que se fija en un mercado interno de compraventa regulado y controlado por la fundación.

Los titulares de este producto poseen derechos económicos de las acciones, pero sin derecho a voto. Están remuneradas con un tipo de interés que puede ser fijo o variable y que viene determinado por el volumen de participación.

Sin protección que garantice la recuperación de lo invertido, los CDA son calificados como un producto complejo: no tienen un plazo de vencimiento, y ello provoca que tenga un carácter perpetúo. No cotizan en un mercado abierto, como ocurre en la Bolsa, sino que su precio se fija de manera interna, en función de distintos aspectos contables y de la evolución del banco en el año. Es decir, la ley de la oferta y la demanda no marca este precio, sino que se actualiza anualmente.

El experto financiero de Banqmi señala que se ha avanzado, en normativa de transparencia, especialmente con la aplicación de MiFID 2, pero es importante que los reguladores de productos bancarios (Banco de España) y de inversión (CNMV), sigan manteniendo un control adecuado de su cumplimiento.

“Igual también hay cambios en los clientes, que son más desconfiados y consultan más a la hora de invertir, aun así, hay que continuar especialmente en la mejora de la educación financiera del consumidor que es la forma de protección más importante, más en un país como España en el que la figura del asesor financiero independiente es prácticamente testimonial”, concluye Gallardo.