La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado este martes que la proposición de ley que está preparando su departamento para aprobar el nuevo impuesto a la banca se tramitará como una ley ordinaria, y no orgánica, de forma que descarta que vayan a incluirse penas de cárcel por el incumplimiento de la medida. Es lo que pedía su socio de Gobierno, Unidas Podemos.

"No considero que el Código Penal sea el lugar adecuado desde el cual se pueda sancionar a las empresas por comportamientos que no estén conforme a las leyes", ha asegurado la titular de Hacienda en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, preguntada por las declaraciones de su socio de Gobierno, Unidas Podemos, en las que pedía imponer penas de hasta diez años de cárcel para directivos de grandes empresas que repercutan los gravámenes a los usuarios.

En este sentido, Montero ha señalado que la ley será "básica, ordinaria" y que cualquier reforma del Código Penal "requeriría de una ley orgánica". "No es este el lugar en donde habría que incorporar nada respecto a esta cuestión", ha añadido.

Lo que sí hará Hacienda será incluir en la propuesta una prohibición para impedir que las entidades trasladen al usuario final el nuevo gravamen. Además, Montero ha recordado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya cuenta con mecanismos para sancionar "cuando alguien no cumple con la legislación o se aparta de las reglas del mercado.

El Gobierno prevé que esta semana se presente una proposición de ley ante el Congreso de un nuevo impuesto al sector financiero, que sería temporal y extraordinario, para recaudar 3.000 millones de euros en dos años. Esta proposición de ley tendrá, por lo tanto, trámite parlamentario y los grupos parlamentarios podrán aportar sus enmiendas al texto.

Montero ha dejado claro que en los próximos Presupuestos se incluirán ya los ingresos previstos de estos dos nuevos tributos: el impuesto a la banca y a las empresas energéticas.

El ejecutivo pone encima de la mesa varios argumentos en defensa del nuevo tributo. Primero, que durante la crisis financiera se hizo un esfuerzo público extraordinario -un esfuerzo cuantificable: de 68.000 millones de euros- para rescatar a todo al sector de la banca. Segundo, que las entidades financieras se van a beneficiar directamente del nuevo escenario de normalización monetaria; y tercero, que el bancario es uno de los pocos sectores que sortea los elevadísimos costes energéticos que lastran al resto de la economía. El impuesto, liviano por otra parte, ya está en Europa.  Austria tiene un gravamen a la banca desde el año 2011 que tasa sus activos, inversiones y depósitos; Portugal grava con un 0,1% a los beneficios de las grandes entidades; y también Bélgica o Grecia cuentan con impuestos similares. Y Francia grava un 0,6%. Hungría y Polonia sí preparan un impuesto especial a la banca, siendo ambos países gobernados por partidos de derechas.