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La Comisión Europea ha aprobado, en virtud de las normas sobre ayudas estatales de la UE la excepción ibérica, medida española y portuguesa por valor de 8. 400 millones de euros destinada a reducir los precios mayoristas de la electricidad en el mercado ibérico (MIBEL) mediante la minoración del coste de los insumos de las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles. La medida tendrá impacto en la factura de la luz.
Los 8.400 millones están distribuidos en 6.300 millones de euros para España y 2.100 millones de euros para Portugal para reducir los costes de los suministros de las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles y, por tanto, rebajar sus costes de producción así como, el precio del mercado mayorista de la electricidad en beneficio de los consumidores.
La medida se ha aprobado con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»), reconociendo que las economías española y portuguesa están experimentando una grave perturbación. La medida está en consonancia con la Comunicación de la Comisión sobre seguridad del suministro y precios de la energía asequibles, así como con las conclusiones del Consejo Europeo, ambas de marzo de 2022, en las que se hace referencia a la adopción de medidas temporales de emergencia para reducir los precios al contado del mercado de la electricidad en favor de las empresas y los consumidores, que no afecten a las condiciones comerciales en una medida contraria al interés común.
La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ya avanzaba hoy que el visto bueno de Bruselas era inminente. Finalmente, se ha producido más de 2 meses después de que de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Portugal, António Costa, consiguieran en una cumbre que el resto de líderes reconociera las particularidades de la península ibérica para hacer frente a la escalada de precios energéticos.
El BOE publicará este jueves que la fecha de aplicación del mecanismo será el próximo martes, 14 de junio, “y afectará a la casación del mercado mayorista de la electricidad que se celebrará ese día para fijar los precios del día siguiente, miércoles 15 de junio. De este modo, las compañías eléctricas y el resto de agentes del mercado tienen plazo suficiente para presentar las garantías económicas que respalden sus operaciones”.
Bruselas ha dado el visto bueno a esta medida que podrá aplicarse hasta el 31 de mayo de 2023, al considerar que las economías española y portuguesa están experimentando serias perturbaciones. La modalidad de la ayuda será el pago de una subvención directa a los productores de electricidad con el fin de financiar una parte de sus costes de combustible.
El pago diario se calculará como la diferencia de precio entre el precio de mercado del gas natural y un límite máximo del precio del gas fijado en una media de 48,8 EUR/MWh durante el período de vigencia de la medida. Más concretamente, durante los seis primeros meses de aplicación de la medida, el límite de precio efectivo se fijará en 40 EUR/MWh. A partir del séptimo mes, este límite se incrementará mensualmente en 5 euros al mes, lo que dará lugar a un límite de precio de 70 EUR/MWh en el duodécimo mes.
La cifra contrasta con el actual precio de referencia en el mercado de más de 100 euros/MWh -como en el caso del TTF holandés, de referencia en Europa-.
La medida se financiará, explica el Ejecutivo comunitario, “mediante una parte de las denominadas rentas de congestión, es decir, las rentas obtenidas por el gestor de la red de transporte español como resultado del comercio transfronterizo de electricidad entre Francia y España, y una cuota impuesta por España y Portugal a los compradores que se beneficien de la medida”.
Bruselas, así, entiende que la medida ibérica es “adecuada, necesaria y proporcionada. En particular, la medida reducirá los precios mayoristas de la electricidad en favor de los consumidores, sin afectar a las condiciones comerciales en forma contraria al interés común. Por otro lado, la medida no va más allá de lo necesario para hacer frente a los precios excepcionalmente elevados de la electricidad en la Península Ibérica”.