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Cada día se desplazan por nuestras carreteras millones de vehículos, y es muy frecuente que en algunas de ellas haya tramos en mal estado o desperfectos que necesitan atención por parte de la administración.
Hablamos de todo tipo de deficiencias en la infraestructura viaria que pueden afectar a nuestra conducción, dañar nuestro coche o incluso provocar situaciones dramáticas al volante: socavones, zanjas inesperadas, firme en mal estado, guardarraíles abollados o deformados y señales que apenas se ven. Un informe de EuroRAP de 2020 pone cifras a estos puntos negros: tenemos hasta 2160 km de carreteras en los que el riesgo de accidente es alto.
“Se estima que sería necesaria una inversión de 10.000 millones de euros para que las carreteras en España estén en buenas condiciones”, explican desde la Fundación Mapfre en referencia al informe Necesidades de Inversión en Conservación, de la Asociación Española de la Carretera. “Sería necesario renovar 360.000 señales, ya que el 65% de ellas tienen el reflectante caducado; y es necesario repintar las marcas viales en 20.000 kilómetros de carreteras. Además, un número notable de barreras metálicas sigue en mal estado”.
Lógicamente, hay muchos conductores que quieren denunciar estos puntos peligrosos en la ruta y necesitan una vía para hacerlo, pero esto no siempre es fácil.
En sus indicaciones para los conductores, desde RACE señalan que el primer paso importante es de quién depende el mantenimiento de la carretera.
En algunos casos, será el Estado; en otros, la comunidad autónoma o el ayuntamiento figurarán como titulares, y serán los responsables subsidiarios de los daños o lesiones que se le puedan imputar al mal estado de la vía. Así lo establece la Constitución en el artículo 106.
“Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.
Lo que quiere decir que en el proceso de reclamación de daños y perjuicios será clave probar que esa lesión es una consecuencia de las deficiencias visibles en la carretera. Desde RACE explican que hay que recabar documentos, pruebas gráficas (fotografías) y testimonios de testigos que puedan acreditar de forma fehaciente que el fallo se ha producido por el mal estado de la vía y no por una causa de fuerza mayor, como una nevada, una inundación o cualquier otro elemento que no se le pueda achacar a la infraestructura dañada.
Si no queremos quedar atrapados en la máquina burocrática y preferimos delegar este trabajo a una entidad que pueda reclamar de forma efectiva, lo más recomendable es ponerse en manos de un servicio jurídico profesional que pueda llevar la denuncia y pelearse con la administración. En ese sentido, podemos optar por la compañía aseguradora con la que ya tengamos contratada una poliza o buscar alguna especializada en este tipo de reclamaciones.
Por supuesto, queda la tercera vía, una que utilizan miles de usuarios para agilizar estos procesos y sacarle los colores a la administración en cuestión: dar aviso en redes sociales.
La DGT o los propios ayuntamientos se aseguran siempre de mantener sus canales oficiales de comunicación activos (X, Instagram, Facebook), y en algunos casos han habilitado en sus webs oficiales un buzón específico de quejas y sugerencias para recoger las demandas de los conductores afectados. Aunque a veces llamar su atención puede ser similar a chocarse contra un muro, en algunos casos puede ser la mejor manera de forzarles a actuar sin tener que formalizar una denuncia y esperar contestación oficial.