El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteó este miércoles desde el Foro Económico de Davos, que Europa lidere la lucha contra el anonimato en las redes sociales y los insultos de odios en ellas. Pero los expertos no tienen tan claro que eso sea fácil de lograr. Informativos Telecinco ha hablado con alguno de ellos y dudan de la legalidad de las medidas sugeridas.
Sánchez planteó una serie de medidas para luchar contra lo que él considera una amenaza de las redes sociales para la democracia. Y entre esas medidas está lo que de que no exista el anonimato en esas plataformas.
Sánchez, por ejemplo, propuso acabar con el anonimato en las redes sociales y dijo que la autoridad debería poder relacionar los seudónimos con personas reales y exigirles responsabilidad. Se trata de una medida que ya se contempla en nuestro ordenamiento jurídico, que está limitada a los tribunales, porque solo puede hacerlo un juez en la investigación de un delito.
Otra de las medidas sugeridas es la de romper el anonimato al lanzar mensajes. Aquí, los expertos niegan que sea algo parecido a cuando nos exigen que nos identificamos para cuestiones bancarias en el marco de la lucha contra el blanqueo, porque aseguran que se trata de una cuestión de proporcionalidad y no siempre se puede conculcar el derecho a la intimidad.
Para estos expertos, es la propia ONU la que defiende y protege la intimidad y el anonimato de aquellas personas que quieran expresarse libremente para garantizar esa libertad en sociedades en las que existe un férreo control del Estado o amenazas sobre las personas.
El presidente también quiere obligar a vincular cada usuario con una identidad digital contenida en un registro. Aquí saltan las dudas de quién va a utilizar estos registros y si en algún momento eso puede ser utilizado en contra del ciudadano.
Existe el temor entre los expertos de que todas estas medidas, lo único que harán es penalizar la libertad de expresión dentro de la Unión Europea.
La propuesta de que los responsables de las redes sociales rindan cuentas por los mensajes falsos publicados en sus plataformas ya está regulada en la UE obligando a estas plataforma a retirar los contenidos ilegales.
Por último, quiere forzar la apertura de la caja negra de los algoritmos de las redes sociales y ello, a pesar de que hay veces que ni siquiera la misma persona que los ha programado acaba de conocer realmente cómo funciona. Además, Europa ya regula y revisa los algoritmos de recomendación.
En cualquier caso, el problema es quién decide qué es un delito de odio, qué es un contenido ilegal, y que es un mero discurso de odio que no llega a delito.
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