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La Fiscalía ha pedido hoy al Tribunal Supremo que aplique la ley de amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont. Lo ha hecho, concretamente, durante la vista pública celebrada hoy para la exposición de los recursos presentados contra la decisión del magistrado instructor del 'procés', Pablo Llarena, de no aplicarle la ley tanto a él como a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, sobre los que decidió no amnistiar el delito de malversación.
Defendiendo su petición, la Fiscalía apunta que "no se emplearon fondos europeos" ni hubo enriquecimiento personal de Carles Puigdemont, como sostiene Llarena, quien acordó mantener vigentes las órdenes nacionales de detención que pesan contra ellos. A esta tesis, además, se han sumado también la Abogacía del Estado y los letrados de los procesados.
La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha pedido estimar los recursos. En su opinión, "decir que los actos fueron conducidos a obtener un beneficio patrimonial es cuando menos sorprendente" porque "nadie dijo que fuera encaminado" a ello, ha dicho.
Además, en contra del criterio del juez y de la Sala, "no han sido empleados fondos europeos de la UE" y "no se ha producido merma alguna en el presupuesto europeo", que era otro de los argumentos para no aplicar la amnistía a los líderes del 'procés', ya que "los fondos pertenecían exclusivamente a la Generalitat y esto está acreditado"
Paralelamente, la defensa de Carles Puigdemont ha insistido este lunes en que el Tribunal Supremo no es el órgano competente para aplicar la ley de amnistía, sino el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Así lo ha manifestado Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, que ha insistido en su postura: "Sin lugar a duda, tenemos razón"; ha dicho.
Según defiende, "esta facultad y deber de aplicación de la ley corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y no a la Sala Segunda del Supremo, (...) porque Puigdemont fue elegido diputado de Cataluña".
A ese respecto, el letrado ha apuntado que "a estas alturas no es necesario entrar en un gran debate sobre la aplicación o inaplicación de la ley de amnistía". "Podemos acogernos al voto particular de Ana Ferrer, que explica por qué esta ley debe ser aplicada", ha añadido.
Con todo, ha insistido en que cualquier decisión que adopte el Supremo "conllevaría la vulneración del juez preestablecido por la ley", porque debería pronunciarse el Tribunal Superior de Justicia catalán.
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