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Cáritas ha denunciado que muchas familias se ven obligadas a compartir piso con otras personas, de manera que en ocasiones familias enteras tienen que vivir en una sola habitación. Una situación de precariedad que empieza como solución transitoria, pero que se cronifica en el tiempo.
La entidad ha presentado este martes el informe "Exclusión compartida. Vivir en una habitación en un contexto de exclusión residencial y social" y ha explicado que, debido a los factores estructurales del mercado de la vivienda, el arrendamiento o subarrendamiento de habitaciones en un contexto de exclusión "acaba siendo la única opción para muchas de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad".
En el estudio, además de desarrollar elementos de contexto social y jurídico, incorporan los resultados de 62 entrevistas en profundidad realizadas a 50 personas y de 4 grupos de discusión con un total de 36 integrantes, entre los que predominan las mujeres con hijos. Los autores han constatado que las dificultades para acceder y mantener una vivienda "digna" provocan que vivir en una habitación de un piso compartido se convierta en la única alternativa para un número elevado de personas en situación de exclusión social.
Informativos Telecinco ha podido hablar con una mujer, que vive con sus dos hijos y su marido en una habitación subarrendada a una mujer mayor en Cataluña: "Afecta sobre todo a mis hijos, solo puede acceder a la habitación y se les restringe el tiempo al baño. Tenemos que salir al parque a hacer trabajos del colegio porque no tenemos espacio ni libertad. Si dan las 22:00 horas de las noches no puede encender la luz y tiene que hacerlo con una linterna".
En la primera habitación que estuvieron, la familia dormía en el suelo: "Entre las 06:00 y 7:00 horas no podíamos encender la luz o nos cobraban con exceso por cargar los móviles, y en la segunda pasamos a dormir en un sofá cama".
"En el primer piso la mujer pagaba 820 y nosotros 600 y nos lo quería subir a 700 para pagarle casi todo el piso con una habitación", sentencia la persona afectada, que lleva dos años en España sin acceso al padrón, por lo que no puede plantearse un cambio de situación: "Tenemos que vivir al día, no sé si en un mes nos habrán echado. Esa inestabilidad es terrible para mis hijos".
Según el estudio, algunas de las problemáticas derivadas son la inseguridad jurídica, puesto que la mayoría de personas no disponen de un contrato escrito, o la dificultad para empadronarse, ya que el titular de la vivienda o del contrato puede negar o dificultar la opción de hacerlo. Esto conlleva, por ejemplo, no poder escolarizar a los hijos en la escuela del barrio o no tener acceso al Centro de Atención Primaria (CAP) más próximo, entre otras cuestiones.
La imposibilidad de disponer de un espacio para relajarse, reponer o reflexionar, junto a las restricciones en el uso de espacios compartidos, provocan también un estado "constante" de tensión y estrés que acaba afectando negativamente en la intimidad, calidad de vida y en la salud mental y emocional de las personas.
Las limitaciones y restricciones en el uso de la cocina, sala de estar, aseo y otros equipamientos de la casa como la lavadora o el internet condicionan negativamente el día a día de las personas, especialmente en las familias con hijos. En este sentido, los autores del informe han alertado de los efectos que genera la exclusión residencial en los niños, ya que en estos casos viven en un entorno reducido sin estímulos, sin un espacio donde explorar, aprender, jugar o llevar a cabo las tareas de la escuela.
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