En plena crisis de la vivienda en España, la Casa Orsola de Barcelona está siendo protagonista en este primer mes del 2025. Porque supone un claro ejemplo de lucha contra la especulación inmobiliaria en la capital catalana.

Como símbolo de resistencia frente a la 'plaga' de los pisos turísticos, que ha llevado al país a una grave falta de inmuebles para residentes, ya estuvo presente en los Premios Gaudí de hace unos días. Entre las reivindicaciones, se coló una camiseta del Sindicato de Inquilinas.

Ese que está defendiendo a las personas que aún viven en el modernista edificio del barrio de la Esquerra del Eixample barcelonés. La Casa Orsola fue comprada en 2021 por un fondo de inversión: Lioness SLU. Con la intención de utilizarla para alquileres más temporales.

Desde entonces, "fue expulsando uno a uno a los vecinos" al no renovarles el contrato de arrendamiento. Esto nos ha contado a Informativos Telecinco el portavoz del sindicato, Enric Aragonés.

La nueva propiedad apostó por emplear una fórmula para esquivar el límite de precios establecido en Cataluña: "La regulación actual prohíbe subirlos respecto al anterior contrato, pero en el caso de los alquileres de temporada hay un vacío legal".

El joven nos ha explicado que el 31 de enero está previsto el "primer desahucio" en la finca. Josep vive allí desde hace más de 20 años y su idea es seguir haciéndolo, a pesar de que su contrato de arrendamiento finalizó en abril del 2024.

"No pensaba que alguien me pudiera echar, mi intención es jubilarme aquí. Te sientes en una situación de fragilidad. Aunque lleve pagando el alquiler cada mes durante todo este tiempo, no tengo derecho a nada", nos han confesado.

Pretende continuar en el domicilio y cuenta con el apoyo tanto del resto de residentes como de entidades sociales y el sindicato. "Yo estaré en mi casa pacíficamente acompañado de mis vecinos", nos ha asegurado, mostrando cierta preocupación por lo que pueda pasar.

Acerca de lo que busca la empresa que adquirió la Casa Orsola, al destinar el edificio a viviendas para turistas, multiplicará por tres el precio que pagaban los inquilinos hasta ahora para vivir durante largas temporadas: "Están pidiendo unos 2.500 o 2.700 euros, depende del piso que sea".

En periodos que van "de un mes a once únicamente", el fondo buitre busca conseguir un mayor beneficio económico. Es sólo un ejemplo más de lo que ha estado ocurriendo en el Eixample estos últimos años atrás, agravando el problema de la vivienda.

Además de Josep, hay otros cinco vecinos en su misma situación. "Él refleja la lucha de toda esta comunidad. Incluso de aquellos que tienen contratos vigentes y saben perfectamente que cuando se les acaben, la propiedad se niega a negociar", reconoce Aragonés.

Por eso, ya llevan tiempo pidiendo una negociación colectiva para que el empresario Albert Ollé, del fondo de inversión, les renueve sin subidas. Han anunciado esta semana una "maratón de defensa" para detener el desalojo de Josep a final de mes.

Algunos balcones del inmueble exhiben pancartas reivindicativas en las que se puede leer palabras como "resistencia" o "renovación".

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