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Un informe de la Fundació Bofill concluye que cada año más de 13.000 alumnos catalanes abandonan los estudios en Bachillerato y Formación Profesional. Una cantidad elevada que muestra que un 14,8% del alumnado de FP de grado medio dejó los estudios sin conseguir el título, y en Bachillerato fueron un 4,7%.
"El abandono escolar prematuro no es un problema más, es uno de los principales problemas de la educación y ha sido menospreciado en nuestro país", ha dicho el director de la Fundación Bofill, Ismael Palacín, durante la presentación del informe 'L'abandonament al batxillerat i als cicles formatius de grau mitjà' elaborado con datos del curso 2020-2021.
El informe también detalla una "alta concentración de abandono por centros": un 25% de los centros de FP de grado medio y un 22% de Bachillerato tiene niveles altos o muy altos de abandono.
Según los datos, se evidencia la "necesidad de promover trayectorias educativas lineales y continuar en el sistema", ya que los estudiantes que interrumpen los estudios y los retoman posteriormente tienen más probabilidades de abandonar.
La Fundació Bofill ha alertado que la "ausencia de un sistema de refuerzo que garantice las competencias básicas condena al alumnado con menos nivel al abandono" y que haber repetido curso aumenta entre 10 y 2,5 veces la probabilidad de abandonar los estudios.
En el documento se afirma que el abandono de los estudios en 1º de Bachillerato es casi el doble que en 2º y que el caso de la FP se produce "sobre todo" en los ciclos de grado medio. Además, asegura que "los déficits del sistema afectan a todo el mundo" pero especialmente a los chicos, al alumnado con nacionalidad extranjera y a los estudiantes con alguna necesidad específica (NESE), que abandonan por encima de la media.
El informe propone diversas medidas para combatir la interrupción de estudios y evitar la concentración de abandono en determinados centros, factores de abandono. Destacan un sistema de orientación individualizado durante toda la trayectoria y que incorpore los servicios municipales o una política de becas de entre 6.000 y 9.000 euros al año por alumno, en función de situación económica, para eliminar barreras económicas.
También programas de refuerzo de competencias en la postobligatoria , no sólo en la ESO, o que los centros puedan utilizar los resultados en las pruebas de competencias como herramientas de prevención.
Otras medidas pasan por financiar los centros según la composición de su población escolar; reservar plazas para estudiantes con alguna necesidad específica (NES) y planificar la oferta para reducir la segregación; y mejorar los sistemas de registro de información para que "no pierdan esta condición" en la postobligatoria.
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