La titular del Juzgado Contencioso Administrativo 12 de Barcelona mantiene la suspensión de la eutanasia a una joven de 23 años al no apreciar "un padecimiento grave, crónico e imposibilitante", según el auto consultado.

La jueza añade que no concurren las situaciones que contempla esta ley, prevista para situaciones en las que existan limitaciones que incidan directamente "sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria" de una persona, de manera que no le permita valerse por sí misma y que le provoque un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable, sin posibilidad de una cura o de una mejoría.

En este caso, la magistrada afirma que, desde un intento de autolisis en octubre de 2022, la joven sufre una lesión medular que afecta a su movilidad, pero pone en duda que sea irreversible, pues hay un vídeo aportado a la causa en el que se le ve caminando con muletas.

Tampoco entiende que la patología psíquica que sufre sea irreversible, dado que en los informes sobre el tratamiento que está siguiendo hay "situaciones cambiantes respecto a su deseo de morir", según la jueza.

Reconoce en su resolución --que no es firme y cabe recurso-- que "no cabe duda de que se trata de un caso complejo", pues la joven sufre una patología mental que, en sus palabras, le provocan un sentimiento de incomprensión por parte de su familia, llegado a expresar sentirse sola y vacía, pero sin que todo esto suponga un pronóstico de vida limitado ni tampoco un contexto de fragilidad.

Estaba previsto que la joven recibiera la eutanasia el viernes 2 de agosto, pero su padre, representado legalmente por Abogados Cristianos, pidió a la jueza que decretara medidas cautelares y paralizara el proceso, después de que la chica manifestara tener dudas al respecto de su decisión en una carta que escribió de su puño y letra el 29 de julio.

En declaraciones de José María Fernández, abogado de la Fundación Española de Abogados Cristianos, el 7 de agosto en la Ciutat de la Justícia de Barcelona, la joven manifestaba en este escrito "que quería 6 meses más porque quería pensarse su decisión porque tenía proyectos vitales por delante, como, por ejemplo, irse a vivir con un familiar".

Por este motivo, el padre acudió a los tribunales aduciendo, en palabras del abogado, que "su consentimiento estaba viciado" por los problemas de salud mental que padece, que hacen que tenga un nulo control sobre sus impulsos y que su percepción sea cambiante.

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