Hazte Oír denuncia a Fernando Grande-Marlaska ante el Tribunal Supremo por la huida de Carles Puigdemont

La asociación Hazte Oír ha denunciado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante el Tribunal Supremo por la huida del expresidente catalán Carles Puigdemont al considerar que hubo una "falta de acción" del Gobierno y que priorizó sus "intereses políticos sobre el cumplimiento de la ley".

Concretamente, desde Hazte Oír se dirigen a la Sala de lo Penal del alto tribunal apuntando a la posible comisión por parte del ministro de los delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos por una autoridad o funcionario, denegación del cumplimiento de resoluciones judiciales, denegación de auxilio a la Administración de Justicia, encubrimiento y usurpación de atribuciones judiciales.

De este modo, la asociación apunta al titular de Interior, al que responsabiliza de la celebración del acto en el que Puigdemont pronunció un discurso instantes antes de desaparecer en medio de los vítores de una multitud de seguidores independentistas.

"Permitir la celebración" del mismo, "con la presencia de una figura como Puigdemont, imputado por delitos graves relacionados con la independencia de Cataluña, se percibe como una falta de firmeza en la aplicación de la ley", dice Hazte Oír en el escrito, del que se hace eco Europa Press.

Según señalan, y a juicio de la asociación, el ministro del Interior "tiene la responsabilidad de asegurar que las leyes se cumplan en España, incluyendo la ejecución de órdenes judiciales y la protección de las fronteras", y en ese sentido "Puigdemont debería haber sido detenido de manera inmediata al pisar territorio español, obligación clara de las autoridades dependientes directamente de Marlaska".

Por todo ello, consideran que "es especialmente preocupante que, habiendo sido conocedor el Gobierno del regreso de Puigdemont, no se hayan tomado medidas inmediatas para su detención".

Así, añaden que "este conocimiento previo sugiere una posible connivencia o al menos un consentimiento tácito en permitir su entrada y participación en actos públicos en España sin que se ejecute la orden de detención pendiente".

"Esta falta de acción refuerza la percepción de que el Gobierno prioriza sus intereses políticos sobre el cumplimiento de la ley, lo que erosiona la confianza en las instituciones y en la imparcialidad de la justicia", sentencian en el escrito.

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