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Entre las empresas dedicadas la desocupación de pisos en nuestro país, las no legales son perseguidas por las autoridades. En este marco, los Mossos d'Esquadra han conseguido desmantelar una que actuaba bajo apariencia de sociedad jurídica legal.
Según han informado este domingo en un comunicado, han detenido a 16 personas en total de una organización criminal. Realizaba presuntamente desocupaciones extrajudiciales por toda Cataluña, empleando la violencia coactiva.
Desde el Juzgado Nº 3 de Reus (Tarragona) se ha llevado a cabo la investigación para desarticular al grupo. Formado por hombres de entre 27 y 59 años, cinco de ellos tenían antecedentes por lesiones, amenazas, tratos degradantes y robos con fuerza.
Los agentes descubrieron que en algunos casos se guiaban por el odio y la discriminación a personas por su origen, raza o etnia. Fueron especialmente agresivos y expeditivos contra okupas nacidos en otros países.
La policía catalana llevó a cabo entradas y arrestos en domicilios de L'Hospitalet de l'Infant, Salou y Reus. Así como en Sant Joan Despí, Rubí, Mataró o Barcelona. Halló cantidad de armas de todo tipo: pistolas, rifles, puños americanos, martillos, bates de béisbol, etcétera.
Incluso usaban gases lacrimógenos y llevaban diversas herramientas para acceder a las viviendas que pretendían desocupar. Llegaron a efectuar más de 60 acciones por todo el territorio catalán. El caso sigue abierto, por lo que no descartan más detenciones.
Con la cobertura de un despacho de abogados, este negocio lo usaban de tapadera para encubrir sus actuaciones. El propio dueño del bufete era socio de la compañía, conocida como Antiokupa Tarraco, junto al cabecilla arrestado.
Algunos clientes participaban activamente en las desocupaciones. Conocían sus métodos empleados y se convirtieron en colaboradores necesarios del grupo. Los Mossos supieron en septiembre del 2023 que se habían producido incidentes continuados con esta empresa.
Las primeras pesquisas apuntaron a que recibían dinero a cambio de expulsar a las personas que vivían en esos domicilios. Constantemente vulneraban los derechos de los inquilinos, ya que había familias con pocos recursos económicos.
Otras pagaban alquiler y tenían un contrato vigente con los arrendadores. La investigación permitió descubrir que, de forma progresiva, aumentaban el número y la gravedad de sus actos en varios puntos de la comunidad autónoma.
El servicio que ofrecían a los propietarios de las casas consistía en una mediación para echar a los moradores. Para lograr este objetivo recurrían a extorsiones, daños y acosos con violencia. Gradualmente, llevaban a cabo estas actuaciones.
Primero trataban de conseguir el fin buscado con acuerdos de abandonar el piso de forma voluntaria. Si no cedían, empezaban a ponerse más insistentes: visitaban las casas y amenazaban por teléfono a sus residentes.
Incluso llamaban de madrugada repetidamente. Después, seguían con cortes de suministros básicos del hogar y hasta causaban desperfectos en los inmuebles. El siguiente paso eran denuncias falsas, robos en el interior y lesiones a los inquilinos.
La actividad delictiva, en ocasiones delante de menores, generaba en las víctimas sensación de desprotección y ansiedad. En varios casos, necesitaron atención psicológica. Dos de los detenidos han ingresado ya en prisión provisional.
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