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La Policía Nacional ha detenido a 24 personas en Barcelona y Girona por un fraude a la Seguridad Social de más de siete millones y medio de euros. Una trama en la que también investigan a otras 14 personas no detenidos por los delitos de fraude, frustración de la ejecución y malversación.
La investigación se inicio en el mes de octubre de 2023, tras recibir varios escritos-denuncias de la Tesorería General de la Seguridad Social en los que se requería la actuación policial ante las diversas actuaciones irregulares llevadas a cabo por los administradores de distintas empresas con el fin de eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social.
Los empresarios de las sociedades investigadas no abonaban sus propios seguros sociales ni los de sus trabajadores, incrementando así el margen de beneficio en la actividad mercantil y el consiguiente perjuicio a la Seguridad Social.
Los agentes pudieron determinar la participación delictiva de 46 personas físicas, siendo principalmente los administradores de hecho de las empresas, sus testaferros o personas interpuestas, trabajadores o familiares de los anteriores, los que figuraban en connivencia, siéndoles imputados principalmente delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución.
Los investigadores han observado un hecho común que consiste en la creación sucesiva de empresas, con la misma actividad dentro del objeto social investigado. Todas ellas dirigidas, gestionadas y administradas por las mismas personas que, cuando generan deudas con la Seguridad Social por el impago de las cuotas obreras de sus trabajadores, se dan de baja, y seguidamente constituyen una nueva.
De este modo, pasan de una empresa a otra con el mismo objeto social, la misma dirección empresarial, con los mismos trabajadores para poder seguir operando en el mercado laboral y evitar posibles futuros embargos por parte de sus acreedores.
En una de las tramas se ha llevado a cabo una investigación sobre seis empresas relacionadas con la restauración y el comercio minorista de productos alimenticios. Todas estas empresas estaban dirigidas y gestionadas por dos empresarios, quienes utilizaban a otras dos personas como intermediarios en las sociedades investigadas.
Estas empresas compartían el mismo domicilio de actividad, los mismos gestores y el mismo objeto social. Además de superar los importes deudores establecidos como condición objetiva para el tipo penal, también han realizado maniobras de ocultación para dificultar el cobro de las deudas generadas ante la Seguridad Social.
Entre las maniobras incluían la sucesión de actividad empresarial y el uso de testaferros. Uno de los empresarios investigados ha sido imputado por malversación, ya que fue designado como depositario de los bienes embargados y no los devolvió cuando se le requirió.
La investigación permitió detectar también la existencia de un entramado empresarial de diecinueve empresas relacionadas con en el sector hostelero, en las que se había interpuesto de manera maliciosa la figura de varias personas físicas y jurídicas; entre ellas, la propia hija, la esposa y los hermanos del presunto responsable.
El objetivo era ocultar la verdadera responsabilidad por una deuda significativa generada ante la Seguridad Social. El modus operandi de este grupo consistía en no pagar sistemáticamente los seguros sociales de los trabajadores dados de alta en las diferentes empresas que conformaban el entramado.
También se producía confusión patrimonial y cruce de facturación entre algunas de estas empresas. Los modelos tributarios revelaron notables volúmenes de ingresos en las cuentas de estas sociedades, incluso sin constar trabajadores dados de alta desde el año 2014. Una de las sociedades del entramado alcanzó su máximo nivel de ingresos en el mismo año en que no tenía trabajadores dados de alta, lo que apuntaba a una falta de transparencia económica en estos negocios dedicados a la hostelería.
El perjuicio económico total causado a la Tesorería General de la Seguridad Social por todos los diferentes entramados de empresas creadas para eludir los pagos obligados, asciende a 7.712.160,74 euros, cantidad que se habría visto incrementada de no ser por las actuaciones policiales, ya que se detectaron nuevas sociedades que continuaban con el negocio y con las que a su vez dificultaban las labores ejecutivas de apremio por parte de la Seguridad Social.
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