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La crisis abierta los últimos días entre el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña y los funcionarios de prisiones tras el asesinato de la cocinera del centro penitenciario Mas d'Enric, en el Catllar (Tarragona), a manos presuntamente de un preso que se suicidó, es un conflicto que viene de lejos.
En los últimos meses, ha ido 'in crescendo' el malestar y el descontento de los funcionarios de prisiones con las políticas penitenciarias de Justicia, que consideran demasiado laxas, sobre todo en materia de seguridad, y por el número de efectivos de la plantilla actual, que tachan de deficitaria.
Unas acusaciones que rebate la consellería, que aduce que es inminente la incorporación de centenares de trabajadores para ampliar la plantilla penitenciaria y reforzar su seguridad sin renunciar al modelo de reinserción, en el que el funcionariado no ejerza de solo de vigilante sino que acompañe a los reclusos en su rehabilitación.
El asesinato de la cocinera de Mas d'Enric ha sido así solo el detonante de un conflicto que lleva tiempo enquistado, incluso años. Estas son las claves:
Los sindicatos de prisiones vienen denunciando desde hace tiempo un aumento de las agresiones a los funcionarios de los centros penitenciarios y que estas son cada vez más violentas, debido a un cambio en el perfil de la población reclusa, sobre todo, por un mayor porcentaje de presos con patologías mentales o encarcelados por delitos violentos, lo que hace que sus conductas sean "impredecibles".
Precisamente, el mismo día que fue asesinada la cocinera de Mas d'Enric, cuatro funcionarios de la cárcel de Quatre Camins (Barcelona) fueron agredidos por un preso.
Según los datos facilitados por los sindicatos de prisiones a EFE, en 2023 hubo 105 agresiones graves y 477 leves, lo que suman un total de 582, a las que hay que añadir 567 agresiones sin lesión, con lo que la cifra total sería de 1149 incidentes.
Sin embargo, el Departamento de Justicia rebaja esta cifra de 2023 a un total de 577 agresiones, de las cuales, 80 fueron graves, es decir, requirieron baja laboral, 174 fueron leves, y no cursaron baja, mientras que 323 no provocaron lesiones, según fuentes de la consellería.
Para mejorar la seguridad en los centros, la consellería ha incorporado este primer trimestre de 2024 a 111 profesionales especializados para intervenir en casos violentos en las cárceles, mediante un programa temporal que cuenta con un presupuesto de 20 millones de euros, y la intención de Justicia tras la crisis desatada estos últimos días es que pase a ser estructural.
Además, y como un gesto para intentar acercar posiciones con los sindicatos, el departamento de Justicia anunció ayer la incorporación de 185 nuevos efectivos de intervención ante internos con comportamientos disruptivos. Sin embargo, para los sindicatos, estas medidas no garantizan la integridad física de los funcionarios de prisiones ni una reducción de las agresiones, puesto que buena parte de estos nuevos efectivos son profesionales del ámbito sanitario y no de materia de "estricta vigilancia", que es "muy necesaria".
Según los sindicatos de prisiones, con la actual política penitenciaria se ha limitado el uso de las contenciones mecánicas para controlar a los presos ante episodios de conductas violentas, y se les impide además utilizar aerosoles, lo que pone en "riesgo" la vida de los trabajadores de las prisiones.
Por ello, ven insuficiente la incorporación de estos profesionales y creen imprescindible cambiar el protocolo actual, que tachan de laxo, para la reducción de presos violentos.
Para los sindicatos de prisiones, la plantilla actual es claramente insuficiente y, además, está envejecida, ya que la media de los funcionarios de prisiones es de 54 años, y cifran en 1.400 trabajadores el personal necesario para el buen funcionamiento de los centros penitenciarios.
Sobre todo, piden que se incremente la plantilla en el área de rehabilitación y en el régimen interior, integrada en estos momentos por 600 y 3.500 trabajadores respectivamente, aunque también reclaman más personal en el área de administración, en la que hay ahora unos 300 empleados.
El departamento de Justicia aprobó hace dos semanas, en la reunión del Govern, aumentar la plantilla penitenciaria con 407 nuevos efectivos, en un proceso pendiente de acordar la planificación, la selección y la formación y que se podría hacer antes de que acabe esta legislatura.
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