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En Cataluña se repiten las concentraciones frente a las cárceles tras el asesinato, la semana pasada, de Nuria López, jefa de cocina del centro penitenciario Mas d'Enric de Tarragona a manos de un preso. Funcionarios de prisiones han bloqueado los accesos a varias cárceles para pedir más seguridad y que se asuman responsabilidades, lo cuentan para Informativos Telecinco, Sonia Belmonte y Malena Guerra.
Los funcionarios están en pie de guerra contra los responsables de la cúpula de Justicia de la Generalitat. Piden dimisiones, en concreto la de la consejera de Justicia, Gemma Ubasart y la de Amand Calderò, responsable de las prisiones en esta comunidad autónoma. El asesinato de Nuria López en esté en el origen de esta protesta y la reclamación de ceses, pero los trabajadores de las cárceles catalanas también piden aumentar los recursos humanos y materiales y acabar con la actual política penitenciaria, que consideran laxa y, aseguran, pone en riesgo su integridad física.
Jorge Vilas, responsable nacional de CSIF prisiones, ha asegurado que unos 4.000 funcionarios se han adherido a las concentraciones, asistencia que ha calificado de "masiva" y a la que solo han fallado aquellos que debían ofrecer servicios mínimos.
En ellas ha sido palpable, ha dicho, la "frustración y dolor" por el asesinato de Nuria, "algo que muchos sabíamos que podía suceder" y que para el sindicato supone haber cruzado "una línea roja".
"No podemos permitir que la administración siga con el buenismo y la falsa reinserción. No es la primera vez que ocurre algo así con internos que no están preparados" para trabajar en un CIRE, en este caso en la cocina de Mas d'Enric, donde tenía acceso a cuchillos, ha subrayado Vilas.
Por ello, desde CSIF han exigido que se incremente la seguridad de los funcionarios de prisiones con medidas como reconocerlos como agentes de autoridad, la modernización de las medidas coercitivas y de vigilancia -como permitir el uso de pistolas táser- y endurecer el régimen disciplinario dentro de las cárceles.
En la misma línea se ha manifestado José María López, responsable de salud laboral de CCOO en Instituciones Penitenciarias, quien ha cifrado entre el 70 y el 80 por ciento la adhesión y ha apuntado que la muerte de Nuria, la primera funcionaria de prisiones asesinada en su puesto de trabajo, "rompe todas las barreras".
"Habíamos visto agresiones muy brutales, pero no asesinatos. Perder la vida no puede ser una consecuencia de ir a trabajar e, igual que nosotros tenemos que garantizar la integridad física de los reclusos, las autoridades tienen la misma responsabilidad con nosotros", ha subrayado.
López ha exigido que los protocolos no sean reactivos sino preventivos pues las agresiones, ha asegurado, son evitables si se toman las medidas necesarias.
Desde TAMPM también han tildado las políticas penitenciarias de "buenistas", "negligentes" y "peligrosas" y han exigido la dimisión de las autoridades competentes en el caso de que no actúen para cambiar la situación de indefensión.
"La reinserción sin seguridad no es posible, como no es aceptable la alarmante falta de personal en los centros, que obliga a que dos funcionarios custodien habitualmente a 180 internos, ni la falta de medios materiales y técnicos y de formación", ha expuesto el sindicato en un comunicado.
El asesinato se produjo la tarde de este miércoles cuando el interno, quien también trabajaba en la cocina, le asestó varias puñaladas mortales a Nuria y posteriormente se quitó la vida.
Según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el preso cumplía una condena de 11 años de cárcel, que expiraba en 2027, por el asesinato confeso a puñaladas de una mujer prostituida en abril de 2016.
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