La presión del agua ha empezado a reducirse este lunes en seis municipios de Barcelona, que superan el umbral permitido de 200 litros por habitante y día en la primera fase de emergencia por sequía.
Es el caso de Begues, Cervelló, Corbera de Llobregat, Palma de Cervelló, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts y Tiana, que a partir de hoy tienen que empezar a bajar la dotación "al máximo" con el fin de "alargar los recursos en la medida de lo posible por si la situación no mejora a medio plazo", según la medida aplicada por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).
En el caso de La Palma de Cervelló, los habitantes consumen 279 litros al día. Un dato de la Agencia Catalana del Agua (ACA), que la alcaldesa del municipio catalán, Ana Pascual, considera de erróneo: "Esto es por la pérdida de agua por fugas. El real es de 135 por persona al día. En el último trimestre de 2023 hemos perdido 37.000 metros cúbicos".
El consistorio ha pedido a la Generalitat subvenciones para mejorar los puntos más críticos de la red, donde "han hecho poco mantenimiento" y sectorizarla. De hecho, no han podido aplicar la bajada de presión ante la falta de sectorización.
"Tenemos una red muy delicada. Lo hemos pospuesto para mañana la bajada de la presión. En el centro del municipio nos faltan grifos para poder bajar la presión. Vamos a empezar a reducir la presión en una urbanización que tiene su grifo para poder hacer su instalación", añade Ana Pascual, quien está conforme con la medida de AMB. "Es una manera de no malgastar el agua, tenemos poca".
El Área Metropolitana de Barcelona también ha empezado a hacer llegar una carta al conjunto de usuarios domésticos que tienen un consumo superior a 200 litros por día, en la que pide aumentar los esfuerzos para reducir el consumo de agua y aproximarlo a la media actual del área metropolitana.
Unos 24.000 abonados domésticos, que supone un 1,5% del total de abonados del área metropolitana, recibirán la carta con una serie de acciones que han sido prohibidas por la Agencia Catalana del Agua (ACA) como llenar piscinas privadas, regar jardines particulares y lavar vehículos.
En caso de que se detecte que algún usuario ha hecho un uso del agua no permitido, los consistorios tienen la potestad de abrirle unos expedientes, que serán resueltos por el AMB, por lo que pueden comportar la aplicación de sanciones económicas.
De la misma forma, AMB también envía una carta específica a unos 250 usuarios más, considerados grandes consumidores de algunas industrias y grandes superficies que superan los 20.000 m3/año y que están conectados a la red de distribución de agua.
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