Rosa Peral, condenada por el crimen de la Guardia Urbana, ha declarado este miércoles en un juzgado de Tarragona por un delito de alzamiento de bienes en calidad de investigada y en compañía de su padre, al que donó el piso que tenía, para evitar que fuera embargado y que con ese dinero se pudiera pagar la indemnización a la familia de la victima.

La acusada ha llegado a las 11:00 horas en una furgoneta de los Mossos d'Esquadra desde la prisión de Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona), donde actualmente cumple la condena de 25 años que se le impuso por el asesinato de Pedro R. junto a Albert López, entonces su amante, condenado a 20 años.

La investigada ha declarado durante 20 minutos y solo ha respondido las preguntas de sus abogados. Del mismo modo que su padre, Francisco Peral, quien ha estado 30 minutos ante el tribunal. A la salida, la abogada de la familia se ha negado a hablar con la prensa por petición expresa de la jueza, según ha detallado.

Rosa Peral y Albert López, acusados de matar a Pedro Rodríguez, también guardia urbano, fueron condenados a largas penas de prisión y a pagar 885.000 euros de indemnización a los familiares de la víctima. La suma debía ser abonada entre ambos; la mitad cada uno. 450.000 euros debían pagarse al hijo del fallecido.

La indemnización debía abonarse una vez se hubieran agotado todas las posibilidades de recurso y la sentencia fuera firme. Sin este dinero, los bienes serían confiscados.

Sin embargo, seis días antes de la sesión del Tribunal Supremo en la que se iba a dictar sentencia, Rosa Peral traspasó a su padre el 50% de la propiedad de la casa que había compartido con su ex marido en Vilanova i la Geltrú, que fue la que después compartió con Pedro Rodríguez, y donde se cometió el crimen.

El objetivo de esta maniobra de Peral era, supuestamente, declararse en quiebra ante la justicia y quedar así exenta del pago de las indemnizaciones a los familiares de la víctima. La propiedad de la casa cambió de manos el 17 de julio de 2021, según el registro de la propiedad.

Seis días después, el 23 de julio, se convocó una votación y el fallo del recurso de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Rosa Peral convocó a un notario en la cárcel Mas d'Enric de Tarragona, donde está encarcelada, para proceder a la transmisión de la propiedad a su padre.

Rosa Peral pudo transferir el piso a su padre porque el juzgado no notificó al Registro de la Propiedad que el inmueble había sido embargado. El 14 de mayo de 2017, un día después de que Rosa Peral y Albert López fueran detenidos por la muerte de Rodríguez, el Juzgado de Instrucción número 8 de Vilanova i la Geltrú, que se hizo cargo del caso, fijó una fianza de 250.000 euros para garantizar el pago de la indemnización en caso de futuras condenas y, en caso de impago, sus bienes quedarían embargados y no podrían ser vendidos ni donados.

Sin embargo, el tribunal no emitió la orden al Registro de la Propiedad, que cambió la titularidad del piso de Rosa Peral al recibir la notificación del notario. Por su parte, su coacusado, Albert López, cumplió con el pago de la indemnización y renunció al piso que poseía en Badalona, que será subastado en los próximos meses.

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