Las víctimas de los atentados del Estado Islámico del 17-A en Cataluña han reclamado al Tribunal Supremo (TS) que anule la sentencia de la Audiencia Nacional al no habérseles permitido acusar por los delitos de asesinato y lesiones terroristas. "Nos hemos sentido abandonados por la Justicia", han denunciado.
Así lo han manifestado este miércoles en el Tribunal Supremo ante los recursos y algunas de las acusaciones presentadas por las defensas contra la decisión de la Audiencia Nacional de condenar a los acusados Houli Chemlal, Driss Oukabir y Said Ben a penas de hasta 43 años de cárcel por pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos de carácter terrorista.
La acusación lamentó que el juez instructor remitiera el caso a juicio "limitando" los delitos por los que podrían ser juzgados los tres acusados. "No puede dejarse a un magistrado instructor toda la capacidad de limitar el objeto del procedimiento", han criticado.
En este contexto, los abogados argumentaron que la investigación había reunido pruebas suficientes para imputar a los acusados por delitos de asesinato y lesiones terroristas.
"Justamente los que han sido condenados siguieron las consignas del DAESH (Estado Islámico). Se instruyeron en base al DAESH con una única finalidad: sembrar el terror en la sociedad. Esto está en los hechos", ha resaltado una de las letradas, y ha incidido en que "ha quedado probado el dolo y la intencionalidad" de los acusados.
Uno de los letrados, en representación de dos víctimas, ha criticado la calidad de la investigación. "Nos falta un cuarto hombre de la célula terrorista. ¿A nadie le importa? A nosotros sí", ha dicho. Y ha añadido: "Nadie investigó nada. Es el propio Estado quien tendría que haberlo investigado".
En mayo de 2021, la Audiencia Nacional condenó a Chemlal y Oukabir a 53 años y 6 meses de cárcel y 46 años de prisión, respectivamente, por pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos de carácter terrorista; y estragos en tentativa de carácter terrorista en concurso con 29 delitos de lesiones por imprudencia grave. Said Ben Iazza, el tercer acusado, fue condenado a 8 años de cárcel por colaboración con organización terrorista.