Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil inspeccionan desde primera hora de este miércoles las instalaciones de la incineradora de Sant Adrià del Besòs (Barcelona) por orden judicial, en busca de pruebas de una posible contaminación excesiva.
La planta es foco de una investigación judicial, que trata de esclarecer un presunto delito contra los residuos naturales y el medio ambiente, a raíz de una denuncia de la Fiscalía de marzo de 2022.
La denuncia también señala al concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia, que es el presidente de Tersa, la empresa pública que gestiona la planta.
Dos unidades de la Guardia Civil y varias del cuerpo sin logotipar se han desplazado temprano a la central, acompañadas por la letrada de la administración de justicia.
La plataforma Airenet, que ejerce la acusación particular, pidió al juzgado de Badalona un registro en la planta para comprobar las supuestas prácticas irregulares, pero el instructor denegó la petición.
Según avanza 'El Periódico', los magistrados alegaron que la inspección podía servir para comprobar si el algoritmo utilizado para controlar la temperatura garantiza una combustión completa de los residuos, o existe riesgo de emisión de contaminantes, y verificar que es correcta la descarga de cenizas.