La Policía Nacional ha detenido a una exempleada de un prestigioso bufete de abogados de Sevilla, tras denunciar uno de los socios fundadores que el bufete había sido objeto de estafa, falsedad documental y usurpación de identidad. Así, se ha podido determinar que el perjuicio económico aproximado causado por la exempleada asciende a 96.000 euros.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla llevó a cabo esta investigación que inició el pasado mes de julio del 2024, a raíz de la denuncia de uno de los socios del bufete.

Una denuncia en la que la que el socio del bufete manifestó que la responsable de los hechos denunciados, valiéndose del cargo que desempeñaba en el despacho de abogados y de la relación personal de confianza establecida por los muchos años de trabajo, había realizado compras indiscriminadas de forma online a múltiples comercios; siendo casi todas ellas de material electrónico --terminales móviles de alta y media gama, consolas y relojes inteligentes-- a los cuales les daba una rápida salida, a través de empresas de compra-venta, así como calzado, ropa y perfumes, cargándolo todo a la cuenta bancaria del bufete de abogados.

Las compras ilícitas habrían sido perpetradas durante varios años, sin percatarse ni el denunciante, ni ninguno de los socios del despacho, debido al modus operandi utilizado por la denunciada, quién se aprovechó de la confianza depositada en su persona por los socios del bufete para enmascarar todo lo posible las compras efectuadas con la tarjeta de la empresa.

Los policías de la UDEF conocedores de que las compras ilícitas se realizaron a través de una tarjeta bancaria --que figuraba a nombre del denunciante-- asociada a la cuenta del bufete de abogados, iniciaron la correspondiente investigación consiguiendo averiguar el 'modus operandi' empleado por la denunciada.

Y es que la presunta autora de los hechos, al ejercer el cargo de máxima responsable del área administrativa del bufete, era conocedora de la numeración, fecha de caducidad y código de validación de la tarjeta bancaria del despacho, lo que le valió para poder operar a través de internet, realizando los cargos a través de Paypal con la tarjeta bancaria del denunciante, aún sin ser portadora física de la tarjeta bancaria.

Y además, para que éste no se percatara de las compras ilícitas, la denunciada reseñó como datos de contacto su número de teléfono personal, así como su correo electrónico, por lo que la denunciada pudo operar sin levantar sospechas durante estos años. A la vez, cuando las compras eran cuantiosas fraccionaba los pagos en varias mensualidades, para así no levantar sospechas ante los socios del bufete.

Una vez la denunciada realizaba las compras con la tarjeta del bufete, procedía a recepcionar los artículos, bien en su propio domicilio, o bien en el despacho de abogados en el que trabajaba, para luego venderlos a un comercio de compra-venta de material electrónico de esta capital, o a su círculo personal más cercano, mediante encargos de familiares, amigos o compañeros de trabajo, los cuales eran desconocedores de tal práctica por parte de la denunciada.

La presunta autora de los hechos llegó a estar tan confiada que incluso cargó a la cuenta de la empresa varias compras de comida rápida que encargó para que se las llevasen a su domicilio.

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