La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha advertido de la "uberización" del olivar, poniendo el foco en cómo se encuentra el sector en Andalucía. Sobre todo, tras las compras de fincas por parte de fondos buitre.

"El nuevo modelo de oligopolios corporativos" amenaza al que tradicionalmente se ha mantenido en nuestro país. "Uno social y profesional", sostenido por pequeños y medianos agricultores, esos que cultivan el orgullo que nace de nuestra tierra.

COAG presentó este miércoles en Sevilla un estudio que desvela la situación preocupante. Juan Luis Ávila, responsable del sector olivarero en la coordinadora, ofreció algunos datos significativos de la reducción del número de explotaciones de olivos.

En los últimos 20 años, se han perdido el 59 % de ellas, tras pasar de las 602.250 que había en 1999 a las 247.318 en 2020. Pero, la producción de aceite de oliva ha aumentado un 65 %, comparativa que tiene su explicación en los fondos de inversión.

"Acaparan ya las mejores fincas de regadío, poniendo contra las cuerdas a los olivareros profesionales y frenando la incorporación de jóvenes al negocio. Además, hipoteca el desarrollo del medio rural y la lucha contra el cambio climático", argumentó.

Estas instituciones especulativas se han fijado en el llamado 'oro líquido español', que en los últimos años ha ido subiendo su precio en el mercado. Su irrupción ha tenido gran incidencia en el campo de las provincias de Sevilla, Cádiz y Córdoba.

Desde una perspectiva más nacional, actualmente en España hay más de 900 fondos que tienen tierras valoradas en más de 100.000 millones de euros. La investigación dada a conocer por COAG ha detectado cómo la compraventa de fincas rústicas ha aumentado.

En concreto, ha experimentado un incremento del 20 % respecto al 2019. Los inversores buscan cultivos atractivos como el del olivar para obtener altos beneficios económicos. Algo que pone en riesgo a las familias tradicionales dedicadas a la aceituna.

Juan Luis Ávila afirmó que "la brutal reconversión" del sector conlleva que los agricultores autónomos e independientes se conviertan en "asalariados" de grandes corporaciones agroalimentarias. "Ya está pasando en otras partes del mundo como Argentina o Brasil", alerta.

Por tanto, desde la organización reclaman al Gobierno central y a los gobernantes autonómicos que apuesten firmemente por "proteger a los olivareros". Ya que ello redundará en "soberanía alimentaria, desarrollo rural y biodiversidad".

Según recoge el estudio, las pequeños y medianas explotaciones han tenido que optimizar sus recursos, adaptándose a las nuevas exigencias climáticas. Las que tienen recursos hídricos han podido mejorar notablemente su productividad.

No obstante, esa valoración de tierras con permiso del agua ha derivado en un mayor interés económico. De ahí que haya crecido la especulación, que afecta negativamente a quienes no pueden competir con grandes inversores.

Contra esto, Ávila traslada que son necesarias "las políticas claras que se opongan a la mercantilización del agua y aboguen por la defensa de su carácter público y su reparto social justo". Añade que quieren que "el valor añadido de los olivares españoles se revierta en el desarrollo de los pueblos".

En vez de servir "para revalorizar los fondos de pensiones de la policía montada del Canadá o de jubilados ricos californianos”. Pues, por ejemplo, una de las empresas de gestión de activos es la canadiense Fiera Capital.

El secretario general de COAG Andalucía, Miguel López, apuntó que “el modelo está en riesgo". "Necesitamos un mercado ordenado, necesitamos trabajar a unos precios creíbles. A la gente tenemos que explicarles las cosas como son”, recordó.

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