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El maltratador condenado a 15 meses de prisión en Sevilla por maltratar a su pareja, que se cambió de sexo antes de recibir la condena, acaba de ser detenido por presuntamente agredir a unos agentes de Policía Nacional.
La Policía Nacional lo ha detenido por presuntos delitos de atentado a la autoridad y lesiones en el marco de un altercado en el que se habría visto implicada esta persona y en el que intervinieron los efectivos.
En estos momentos Candi, el supuesto maltratador "trans", se encuentra a la espera de pasar a disposición judicial.
Candi es el protagonista del caso de supuesta violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato, en el cual el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos de Sevilla se había inhibido en favor de los juzgados de Instrucción, al alegar el inculpado que se ha registrado como mujer.
Ello, después de que el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla haya devuelto recientemente el asunto el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos, al haber recurrido la acusación particular el auto de inhibición en favor de los juzgados de Instrucción.
En el mencionado y controvertido auto de inhibición, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos de Sevilla acordaba derivar a los juzgados de Instrucción las actuaciones incoadas por la denuncia de una mujer contra su expareja y padre de sus hijos, por presunta violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato; exponiendo que había unido a tales diligencias un auto de fecha de 6 de agosto de 2023 del Registro Civil de Carmona, "donde se acuerda la rectificación de la mención registral del sexo" del varón investigado, que "pasará a ser mujer".
Ante ello, el abogado penalista José Antonio Sires, que representa a la acusación particular que ejerce la denunciante del caso, interpuso un recurso de reposición ante el propio juzgado contra dicha decisión judicial; avisando de que el artículo 46.3 de la Ley 4/2023 de garantía de los derechos de las personas LGTBI dispone literalmente que "la rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género".
Este letrado, que avisó de que este cambio de sexo del investigado para pasar a ser mujer suponía "un fraude de ley" para que su caso sea abordado por un juzgado convencional y no por uno de violencia sobre la mujer con lo que ello comporta en materia de penas; explicó que esta persona ya había sido condenada en 2019 a 15 meses de prisión por malos tratos con relación a su expareja y mujer denunciante de estos otros hechos de presunta violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato.
La defensa, de su lado, asegura que esta persona siempre se ha "sentido mujer" y el "único error" que ha cometido ha sido "crecer en una sociedad en la que ha estado cohibida durante mucho tiempo, sin poder expresar su verdadera condición sexual".
"El día que se aprobó la Ley Trans vio la luz al final del camino y a los 15 días de la aprobación de la misma fue al registro a cambiar su género. Ella sólo hizo realidad su deseo de convertirse en mujer y la ley por primera vez la amparó. Ella no ha realizado este paso tan importante simplemente por librarse de la cárcel, con esta nueva defensa jurídica ha obtenido una sentencia absolutoria, ya que la denuncia interpuesta era falsa", sostiene su defensa.
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