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Los tres detenidos este miércoles acusados de haber vertido amenazas de muerte a agentes de la Guardia Civil de Barbate diciéndoles, entre otras cosas, que les «tenía que pasar lo mismo que a los del puerto», en referencia al asesinato de los dos agentes, han sido puestos en libertad, según ha adelantado La Voz de Cádiz.
La Fiscalía sí había pedido la prisión provisional como medida cautelar pero el juez no ha considerado en su auto esta opción. Tampoco ha optado por celebrar un juicio rápido por estos hechos, cuya posibilidad existía legalmente, y ha preferido dejarlos en libertad con cargos a la espera de juicio.
En medio de la polémica por el asesinato de los guardia civiles en Barbate y por los insultos y el acoso de las últimas fechas a su cuartel, el Pleno del Parlamento andaluz ha acordado este jueves por unanimidad reclamar que, "con carácter urgente e inaplazable, el Gobierno de España lleve a efecto la declaración de la provincia de Cádiz como Zona de Especial Singularidad (ZES)", así como se ha mostrado a favor de un acuerdo entre administraciones para impulsar un Plan Integral para el Campo de Gibraltar.
La diputada del PP-A Pilar Pintor ha defendido la PNL de su grupo y se ha referido al asesinato de dos guardias civiles arrollados por una 'narcolancha' en Barbate el pasado 9 de febrero como una "tragedia" que "se podría haber evitado", y ha llamado a indagar "por qué ha sucedido, quién es el responsable de no haberla evitado" para que "nunca más vuelva a ocurrir", y ha criticado la decisión del Ministerio del Interior de "desmantelar" la unidad OCON-Sur de la Guardia Civil contra el narcotráfico pese a ser Cádiz "la provincia andaluza en la que más droga se incauta".
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha reiterado este jueves en el Pleno del Parlamento la petición planteada el pasado 1 de marzo al ministro de Justicia de crear el primer Tribunal de Instancia en el Campo de Gibraltar, en Cádiz. Por ello, ha exigido que se acabe con "una estructura judicial decimonónica" que facilite la lucha contra el narcotráfico.
Nieto ha detallado que tras la Conferencia de Justicia entre el Ministerio y las comunidades autónomas mantuvo una reunión con el ministro Félix Bolaños para trasladarle "la situación que se vive en ese territorio", sobre el que se ha puesto el foco tras el asesinato de dos guardias civiles, y en el que "cada día se dan situaciones que tenemos que denunciar y tratar de evitar".
Por ello, el consejero pidió al ministro que cuando la Ley de Eficiencia Organizativa (LEO) vea la luz "por fin", el primer Tribunal de Instancia que se cree en España se ponga en marcha en el Campo de Gibraltar, donde los juzgados tienen que luchar contra redes de narcotráfico y tráfico de seres humanos. Es decir, Nieto ha apostado acabar con la actual "estructura decimonónica" y cambiar los juzgados unipersonales por órganos colegiados, que son los tribunales de instancia, ha recogido la Junta en una nota de prensa.
"Es necesario cambiar la actual organización de los órganos y recursos humanos por una más moderna, ágil y eficiente", que permita a los jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia puedan luchar "en igualdad de condiciones" contra el narcotráfico y el crimen organizado, ya que actualmente trabajan "con una mano atada a la espalda", ha señalado tras destacar el trabajo y el esfuerzo que realizan a diario.
Por ello, Nieto ha solicitado al Ministerio la implantación del nuevo modelo de tribunal de instancia, que es su competencia, mientras que por parte de la Junta, como administración prestacional, se ha comprometido a disponer los recursos materiales y humanos. Así, ha hecho alusión a los proyectos de nueva sedes judiciales en los partidos judiciales del Campo de Gibraltar, con una inversión prevista de 50 millones de euros.
En Algeciras, se destinarán más de 25 millones de euros al nuevo complejo judicial que permitirá una reordenación de los juzgados; al igual que en la Línea de la Concepción, donde se invertirán alrededor de diez millones en la rehabilitación del antiguo hospital municipal para que albergue unas nuevas instalaciones judiciales conforme a las necesidades de la Justicia del siglo XXI. También se ha alcanzado un acuerdo con el Ayuntamiento de San Roque para construir un nuevo edificio judicial en la localidad ante el incremento de población registrado; mientras que en Barbate, la Consejería ya realizó una inversión en la pasada legislatura para contar con espacio suficiente para albergar nuevos órganos judiciales.
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