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Una nueva operación de la Guardia Civil ha puesto el foco en el 'oro líquido'. Ya en diciembre contábamos otras actuaciones que tenían al aceite de oliva como protagonista, como el caso del que se vendía en Sevilla como virgen extra sin serlo.
En esta ocasión, los primeros perjudicados han sido hasta 18 agricultores que no recibieron ningún pago por las aceitunas que llevaron a un molino de aceite de Carmona (Sevilla). Ni siquiera era una almazara legal y con su documentación en regla.
Según ha explicado el Instituto Armado en un comunicado, dos personas han sido detenidas por estafarles. Se dedicaban a almacenar y transformar los frutos recolectados de los olivos en un aceite que después vendían con etiquetado falso.
Los agentes inspeccionaron las instalaciones donde los agricultores depositaban su cosecha. Comprobaron que en el lugar no había actividad alguna, pero sí tolvas y cintas que contenían aceitunas en claro proceso de descomposición.
Era un patio en el que había también maquinaria de molturación, que se encarga de triturar el producto para extraer su jugo y poder obtener después el aceite de oliva. Sin embargo, presentaba unas evidentes condiciones de insalubridad.
De hecho, observaron un gran vertido de aceite en el suelo. Así que paralizaron 25 toneladas de aceitunas y también 23 toneladas de 'oro líquido' que ya habían salido de esta almazara ilegal, pero que carecían de permisos administrativos y de trazabilidad necesarios.
En el mismo operativo 'Tahunat', la Benemérita pudo averiguar que los arrestados usaban unas etiquetas de una marca inexistente para comercializar las botellas de aceite. En ellas aparecía impreso el año 2022 como fecha de caducidad.
Igualmente utilizaban otro etiquetado que pertenecía a una empresa con presunto domicilio fiscal en Granada. Así distribuían el producto sin ningún tipo de registro sanitario ni otros documentos requeridos para operar.
Tampoco contaban con el Registro General Sanitario de empresa alimentaria ni con el Registro de Industria Agroalimentaria. Por tanto, junto al delito de estafa y contra la propiedad industrial, a los implicados se les acusa de falsedad documental e ir contra el mercado y contra los consumidores.
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