El calvario de Agustín se mide en escalones, concretamente 42. Son los que separan la calle de su casa, ubicada en la tercera planta de un bloque de pisos sin ascensor en Almuñécar (Granada). Este vecino, de 56 años, lleva cinco en silla de ruedas y la única forma de acceder a la vivienda es arrastrarse, literalmente, por las escaleras.

Pone la silla muy cerca del primer escalón y, con la ayuda de sus hijos, Agustín consigue sentarse. Comienza entonces su “suplicio” hasta llegar al rellano de su casa. Sosteniéndose en las manos, apoya el trasero en el segundo escalón. Después, en el tercero. Y así hasta subir los 42. Un esfuerzo penoso y humillante.

“Llego muerto, me cuesta la vida. Es indignante tener que verme así en pleno siglo XXI”, se lamenta este granadino que padece una incapacidad en las piernas por los efectos de la polio infantil y al que un resbalón en un restaurante, en 2017, dejó postrado. “Yo antes iba con muletas y no tenía ningún problema”, nos cuenta.

Agustín vive en Granada capital y es en este piso, en el que vive su madre, donde la familia pasa gran parte del año. “Me viene bien este clima y me gustaría vivir aquí de forma permanente, pero así es imposible”, señala. “La primera vez que mis hijos me vieron subir lloraron a lágrima viva y mi madre hasta el verano pasado no bajó a la playa estando yo porque no quería verme así”, relata.

Por eso pasa la mayor parte del tiempo encerrado. “Salgo lo mínimo y porque me insisten”, asegura este vecino, que es copropietario de la vivienda y que ha pasado los últimos años pidiendo la instalación de un ascensor para el que hay espacio suficiente. Sin embargo, no llega a un acuerdo con los vecinos. “La comunidad se niega porque dice que no lo necesitan”, apunta.

Según la Ley de la Propiedad Horizontal, la comunidad de vecinos está obligada a instalar ascensor, aunque no llegue a haber una mayoría que quiera, si quien lo solicita es mayor de 70 años o con discapacidad. Pero hay “una trampa”, dice Agustín. Al ser el único interesado, él tendría que correr con la mayor parte de los gastos de instalación porque su coste es mucho mayor que lo que los vecinos están obligados por ley a aportar, que es lo equivalente a 12 mensualidades ordinarias de los gastos comunes.

La obra ascendería a unos 60.000 euros que este propietario no puede asumir. "Es injusto porque todos podrían hacer uso del ascensor y sus viviendas se revalorizarían", apunta. No obstante, es consciente de que no todas las comunidades de vecinos puede hacer tal desembolso. Por eso, apela a las administraciones públicas. "No pido que nos regalen nada, pero sí que nos financien en estos casos", reivindica Agustín que insiste en su crítica. “La ley prácticamente te dice que si quieres eliminar una barrera arquitectónica te la tienes que pagar tú”.

Mientras, sigue encerrado en su casa para evitar la tortura de arrastrarse por el suelo. Si tuviera ascensor, insiste, todo cambiaría.