Del novio de Isabel Díaz Ayuso a Juan Lobato pasando por el fiscal general: claves de un enredo judicial
La dimisión del socialista Juan Lobato, la última consecuencia del presunto fraude a Hacienda del novio de Ayuso
El ya ex secretario general del PSOE de Madrid comparece el viernes como testigo, el día que empieza el congreso del PSOE
El Supremo investiga a Álvaro García Ortiz por la filtración del correo del abogado de González Amador ofreciendo un pacto
La reciente dimisión de Juan Lobato al frente de los socialistas madrileños se ha convertido en la nueva derivada de lo que comenzó siendo una investigación por fraude a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y que ha acabado con un fiscal general imputado en el Tribunal Supremo.
La investigación a este empresario por fraude y falsedad documental permanece inerte en el juzgado, pendiente de un recurso y sin que sus protagonistas hayan prestado aún declaración, mientras el foco en los últimos días se ha instalado en la causa que dirige el Supremo, que le ha acabado costando el puesto a Lobato.
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El ya ex secretario general del PSOE de Madrid comparecerá el viernes como testigo, el mismo día en que arranca el 41 Congreso de los socialistas en Sevilla y dos días después de dejar su cargo tras la controversia generada por haber registrado ante notario una conversación con un cargo de Moncloa -Pilar Sánchez Acera- sobre la confesión de Alberto González Amador y su intento de pactar con Fiscalía.
Esa confesión fue el inicio de una historia judicial que ha derivado en dos causas diferentes:
Primera causa: la investigación de un fraude
Un fiscal de Madrid comenzó en enero a investigar, tras una denuncia de la Agencia Tributaria, si Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, defraudó 350.961 euros entre 2020 y 2021 y se sirvió de una trama de facturas falsas.
Diez días después, su abogado ofreció, vía correo electrónico, un pacto por el que el empresario aceptaba íntegramente la comisión de dos delitos fiscales y proponía aceptar ocho meses de cárcel y pagar una multa.
Una jueza abrió diligencias en marzo y ha citado a declarar hasta tres veces a los imputados -González Amador y cuatro empresarios-, pero, por un motivo u otro, siempre ha acabado suspendiendo las comparecencias.
La última estaba prevista este viernes, pero se suspendió al estar pendiente un recurso de González Amador contra la ampliación de su investigación: ya no solo es por presunto fraude, sino que la jueza también trata de determinar si usó una sociedad pantalla en el marco de sus negocios con la empresa Quirón Prevención para ocultar sus ingresos.
Segunda causa: la primera imputación y el primer registro a un fiscal general
Paralelamente a su caso, González Amador pidió investigar en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid si dos fiscales habían incurrido en un delito de revelación de secretos al difundirse una nota de prensa con aclaraciones sobre su causa ante las informaciones publicadas en varios medios de comunicación, en la que se explicaba cómo se había producido su oferta de pacto.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asumió en repetidas ocasiones la responsabilidad última de aquel comunicado, que, subrayó, perseguía "poner fin a un bulo" y cumplir con la obligación del Ministerio Público de ofrecer información veraz a la ciudadanía.
Al estar aforado García Ortiz, entró en juego el Tribunal Supremo, que abrió por primera vez una causa penal a un fiscal general por presunta revelación de secretos, en la que también está investigada la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez.
Tras hacerse cargo del caso, el juez Ángel Hurtado pidió a García Ortiz que designase abogado, decretó el secreto de sumario y ordenó un registro inédito en su despacho, que duró más de diez horas, con el volcado de sus dispositivos, que actualmente analiza la Guardia Civil.
El Supremo no ve delito en aquel comunicado, sino en la presunta filtración a la prensa de unos correos de la defensa de González Amador con el fiscal, donde la UCO infiere que García Ortiz tuvo una "participación preeminente".
El propio juez justificó el registro al fiscal general en "la persecución de un delito de tal gravedad como es el de revelación de secretos".
Además de González Amador, otras acusaciones forman parte del procedimiento, como la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), el Colegio de la Abogacía de Madrid, o el autodenominado sindicato Manos Limpias. Algunos han tratado sin éxito de que el Supremo suspenda al fiscal general.
Lobato, primer testigo en la causa y primera dimisión
La primera persona que declarará en la causa del fiscal general no es ninguno de los investigados, sino el ex secretario general del PSOE madrileño Juan Lobato.
El juez le citó como testigo tras una publicación del diario ABC este lunes, que indicaba que la jefa de gabinete del ahora ministro Óscar López envió a Lobato uno de los correos de la defensa de González Amador para que lo usara en la Asamblea de Madrid y que éste se negó.
Lobato, una de las voces críticas del PSOE en los últimos meses, explicó que registró ante notario que el origen de aquella información vino de los medios de comunicación y el juez quiere ese acta notarial.
Al margen de lo que ocurra en su citación de este viernes, tras esta nueva información, Lobato ha acabado dando un paso a un lado para poner "freno a una situación de enfrentamiento y división grave" que se estaba generando dentro del PSOE madrileño y después de denunciar un "linchamiento" por parte de miembros de su partido.
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