¿Por qué aumentan los delitos sexuales entre niños y adolescentes?: un fiscal de menores da las claves

Los delitos sexuales entre menores están en aumento y los agresores, pero también las víctimas, tienen edades cada vez más bajas. El fiscal de sala coordinador de menores, Eduardo Esteban, muestra su preocupación y alerta del impacto que tiene en esas conductas el acceso ilimitado a redes sociales y a la pornografía.

En una entrevista con EFE con motivo del Día Internacional de la Infancia, Esteban analiza las principales áreas de trabajo de los fiscales de menores sin eludir otras polémicas, como el goteo de rebajas de condenas de delincuentes sexuales adultos.

Como jurista, reconoce su preocupación y confía en una unificación de criterios, pero defiende a los jueces ante los ataques: "sus decisiones se basan en la ley, no tengo ninguna duda".

Aunque las estadísticas siguen en cuarentena por el impacto de la pandemia, los datos de diligencias con menores implicados en 2021 no son malos. La Fiscalía observa con inquietud, no obstante, la tendencia al alza en los delitos contra la libertad sexual, delitos contra la vida y la integridad física y violencia doméstica, contra padres y hermanos.

En 2021 se inciciaron 2.625 procedimientos por delitos contra la libertad sexual con menores implicados, frente a los 1.661 de 2020 y los 1.934 de 2019. Hubo 439 menores condenados por este tipo de abusos y agresiones, un 12,6 % más que un año antes y un 5,5 % más que en 2019.

"Sin incurrir en moralismo alguno, se alerta contra la despreocupación y banalidad con que se afrontan las relaciones sexuales entre adolescentes", se alertaba en la última memoria de la Fiscalía General del Estado.

Pero no sólo las estadísticas han hecho sonar las alarmas de las fiscalías, explica Esteban. En sus declaraciones en las vistas judiciales sobre lo que hacen o querrían hacer, los actos que se proponen entre ellos a través de las redes, las cosas que se piden son en muchas ocasiones escenas de películas pornográficas, señala.

"Se ve que lo han copiado de ahí", asegura el fiscal, que subraya el riesgo de que la pornografía sea "su única referencia o su principal referencia de educación sexual" y, asumiendo que es difícil, subraya la necesidad de poner controles al acceso de los menores al porno.

A su juicio, se ha descuidado la educación sexual. "Y los espacios se cubren. Si no hay una educación sexual adecuada lo va a cubrir con otras vías. La curiosidad del menor se infinita".

Esteban pone también el foco en los riesgos de que personas en formación, sin capacidad crítica ni selectiva, afronten el sexo solo como una actividad lúdica y divertida, desprovista del aspecto emotivo.

"Muchas veces la gran preocupación de la víctima es no perder la relación, porque esa relación le da prestigio en su colectivo y el sexo es algo de usar y tirar", alerta el fiscal.

Mientras que los casos de violencia de género entre menores se mantienen en cifras estables y relativamente pequeñas, las memorias de la Fiscalía hablan de un repunte importante de la violencia doméstica, la que ejercen niños y adolescentes dentro del hogar: son más de 4.700 diligencias al año.

Muchos fiscales de menores, explica Esteban, lo relacionan con "el uso y el abuso" de las tecnologías, niños que se encierran con sus pantallas, se aíslan de la familia y no tienen "ninguna capacidad de frustración" cuando los padres intentan limitar ese uso, situaciones que pueden derivar en violencia.

¿Qué consejo daría a los padres el fiscal de menores? "Educación, educación y educación". A su juicio, abordar este problema es responsabilidad de toda la sociedad, pero los progenitores no pueden refugiarse en una "actitud victimista": "Es que yo ya no sé qué hacer con mi hijo, que me lo solucionen".

"Educar a sus hijos es una obligación, no un derecho. No puede hacerse dejación, no podemos enseguida tirar la toalla", resume Esteban, que defiende la necesidad de poner límites a edades tempranas.

Cuando un niño de diez o doce años recrimina a sus padres que todos sus compañeros de clase tienen móvil o TikTok y él no, apunta, "a lo mejor lo que dice el muchacho es verdad, pero tenemos que ser capaces de poner unos cotos y unos límites porque, si no, luego lo vamos a pagar cuando sean más mayores; cuando tengan 15 años, 16, 17, lo vamos a pagar", avisa.

Entre los delitos contra la vida y la integridad física destaca Esteban el aumento de las diligencias por homicidios -88 en 2021- y, aunque la mayoría no son consumados y pueden acabar con una calificación de lesiones, incide en que es la cifra más alta de los últimos años.

De los 88, 24 son en Madrid, donde hay una "incidencia enorme de las bandas latinas". Esteban cree que es la "causa principal hoy en día de ese aumento" y vuelve a hacer hincapié en la importancia de la educación.

"Hubo, en momentos históricos, intentos de reconducir la bandas latinas por el deporte, a través de la participación social, que dieron sus frutos; y tuvimos unos años de valle, de menos incidencia de estas bandas. Quizá por ahí debería ir la solución. No creo que la solución sea más represión".

La Fiscalía vela también por la protección de los derechos de los menores. Ante los casos de menores tuteladas víctimas de abusos y explotadas sexualmente en diferentes comunidades autónomas que han visto la luz en los últimos meses, Esteban evita señalar culpables.

"Intentar buscar responsables no es fácil. Lo que se puede hacer en un centro de protección es relativo, porque no se puede privar de la libertad de movimiento a esas personas, afirma tras recordar también que, al llegar a los 16 y acabar la educación obligatoria, esos jóvenes tienen "demasiado tiempo libre".

Aboga en ese contexto por el acogimiento en familias, aunque asume que tampoco es "la panacea"; en algunos de los casos denunciados en Madrid, por ejemplo, había chicas en familias, añade.

Hay casos judicializados en distintos territorios, pero, apunta, los delitos fueron cometidos por mayores de edad, con lo que ellos ya no intervienen.

Sigue también su curso el proceso abierto en Ceuta tras una denuncia de la Fiscalía por la expulsión a Marruecos de grupos de menores sin cumplir las garantías preceptivas.