El delegado de Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, mascarillla en la cara, ha declarado ante los periodistas a la salida de su declaración por el 8M. Lo primero que ha querido hacer ha sido agradecer a la prensa su trabajo y dedicación. "Pediros disculpas porque durante este tiempo no he hecho declaración. Ni debía ni podía hacerlo. Vosotros habéis sido muy respetuosos y os lo quiero agradecer. En lo que ha consistido mi declaración es en dejar claro que la actuación del delegado del Gobierno ha sido con arreglo a la ley y de acuerdo a la información de los expertos sobre el coronavirus".

"Ni debía ni podía hablar antes siempre he creído en la justicia española", ha dicho Franco a la prensa. "No estamos hablando del ingreso mínimo vital o de los ERTES y hablamos de este tema", ha señalado aunque ha mostrado su respeto por la justicia y la Guardia Civil, aunque no está de acuerdo con su informe. "He colaborado con la justicia como delegado de Gobierno. No me considero responsable ni había elementos para prohibir el 8M que era un derecho fundamental. No está documentada la incidencia del 8M en los casos de coronavirus. No había ninguna recomendación que me llevara a impedir el derecho de manifestación.

Los informes de la Guardia Civil han sido sumamente duros en relación a permitir el 8M. Es con estos con los que no está de acuerdo Franco. Hablan de que permitir la manifestación cuando ya se sabía que el país se encaminaba hacia una hecatombe sanitaria y señalan a Simón y al Gobierno porque según su investigación sí que tenían datos de la gravedad del coronavirus pero no dieron la señal de alarma. Simón ya ha manifestado que no tiene miedo a la investigación y que se suspendieron otras actividades en esas mismas fechas como el encuentro evangelista fue porque vendrían participantes de 120 países, algo que sí se considera un riesgo.

Se sabía cuáles eran las medidas que había que adoptar para evitarlo. Se veía venir, continúa el informe que asegura que la tensión se notaba en los correos electrónicos de los expertos del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias con frases como: "No sé si podremos controlarla" o "es la única forma de aguantar la situación".

El 3 de marzo se comienza a preservar a los sanitarios para mantenerlos, en palabras del forense, sanos para dar la batalla. Llama su atención que se continúen permitiendo actos como la manifestación del 8M y es claro: "La situación era conocida a la perfección tanto por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como por Fernando Simón”. No se atendió, asegura el forense, a las llamadas de los organismos internacionales.

Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía consideraban que el archivo del caso era lo lógico, pero no pensaba lo mismo la jueza del 8M, que ha hecho declarar al delegado de Gobierno de Madrid. Irene Montero, que en un vídeo dejaba claro que la baja asistencia respecto al año anterior de gente a la manifestación fue por el 8M ha reconocido hoy en el Congreso que llegaron tarde, pero como otros países de Europa, porque no sabían la realidad. La polémica rodea al 8M pero no fue el único evento celebrado en esas fechas. Vox celebró en Vistalegre un evento y se disputaron partidos de fútbol.

La tormenta política sobre los informes del 8M ha afectado de lleno al credibilidad de Grande Marlaska, ministro del Interior, y ha provocado ceses en la Guardia Civil que han puesto al ministro contra las cuerdas. Un documento dedveló que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cesó al coronel Diego Pérez de los Cobos por no filtrarle las investigaciones en relación al coronavirus. Interior propuso el "cese del destino del coronel Diego Pérez de los Cobos (...) por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil". No cita expresamente el informe sobre el 8M que Marlaska dice que nunca pidió. Otra cosa es que Cobos no le informara de si el informe seguía adelante o no. Sánchez ha defendido a su ministro señalando que era atacado por limpiar las cloacas del Estado. A la dimisión de Cobos le sucedieron otras que han provocado tensiones en el Gobierno.