El 8M tiene contra las cuerdas a Marlaska y en el punto de mira a Fernando Simón, criticado por sus primeras reacciones ante el coronavirus, restándole importancia y pidiendo no caer en alarmas, señalando que era complicado que se produjeran contagios locales después de los primeros importados, no recomendando el uso de mascarillas, para luego ver cómo se recomiendan como un método que puede evitar el contagio en un 85%. Y ahora, los datos de muertos que también indignan a las CCAA. Porque los datos de ahora nadie acaba de entenderlos y como dijo el propio Simón, pueden causar estupor.

Pero es el 8M lo que más acorrala al Gobierno. No por la manifestación, que convivió con otros actos multitudinarios sino por si el Gobierno sabía de los riesgos antes de la celebración de todos estos actos. Ahora, un segundo informe de la Guardia Civil entregado a la jueza Carmen Rodríguez-Medel que investiga el caso del 8M sugiere que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, oculta información sobre el conocimiento que tenía el Gobierno de la pandemia antes del Día de la Mujer. Simón ha justificado siempre la celebración del 8M pero no la de una reunión evangelista porque esta concentrada a gente de 120 países.

El informe, fechado el 1 de junio y cuyo contenido revela este jueves el diario El País, critica los retrasos en la entrega de la información reclamada al organismo dirigido por Simón y apunta que en la documentación entregada faltan datos reclamados a direcciones de correo electrónico de la citada dirección, entre ellas la del propio Simón. El nuevo informe también incluye parte de la conversación off the record que la ministra de Igualdad, Irene Montero, mantuvo con una periodista de EiTB antes de ser entrevistada en la que dice que a la última marcha del 8M había asistido menos gente por miedo al coronavirus.

Fuentes de la investigación han asegurado a Efe que este segundo documento de la Guardia Civil consta de 200 páginas, que amplía el primer informe entregado a la juez y que, si bien subsana algunos errores del inicial, mantiene la tesis de que el Gobierno contaba con información suficiente de la pandemia del coronavirus y su riesgo de contagio como para haber prohibido la manifestación del 8M en Madrid.

Las mismas fuentes señalan a Efe que en este segundo informe, elaborado por agentes de la Guardia Civil, se recogen muchas noticias publicadas en distintos medios de comunicación hasta una información del diario ABC del mismo 1 de junio, fecha en que es firmado el documento policial. Hasta el momento, la jueza Rodríguez-Medel ha rechazado imputar en dos ocasiones a Fernando Simón, en tanto que mantiene la imputación sobre el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Las acusaciones del primer informe y su filtración motivaron la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid.

En el nuevo documento policial, y según publica El País, los agentes destacan que el primer requerimiento de información hecho al Centro de Alerta Sanitaria tiene fecha del 16 de abril y que, pese a que supuestamente este organismo se comprometió a entregarlo el 5 de mayo, finalmente no lo hizo hasta el 21 de mayo.

La Guardia Civil asegura que solo consiguieron recoger la documentación tras acudir al juzgado y personarse en el Centro de Alerta con una providencia del juzgado para exigirlo. Además, el informe policial hace un estudio de 36 de los correos electrónicos así como de varios informes sobre la enfermedad manejados por Sanidad con el objeto de elaborar un "análisis cronológico de conocimiento del covid-19" que tuvo el Centro de Alerta antes del 8 de marzo.

Los autores del informe señalan que, pese a que el requerimiento judicial hacía mención expresa a la entrega de "todas las recomendaciones, instrucciones o directrices" que se hicieron durante aquellos días, "podrían faltar documentos" en el material que finalmente entregó el organismo dirigido por Simón, desde cuya cuenta de correo electrónico no se entregó ninguna información pese a que se le requirió.

El informe, según destaca El Comercio, también indica que el Gobierno era consciente de los riesgos del coronavirus desde enero. En este sentido señala la Guardia Civil que Sanidad, en febrero de 2020, envió de forma masiva a través de los correos electrónicos corporativos recomendaciones a todos sus trabajadores para extremar la autoprotección ante el virus. Ese protocolo, afirma el informe, fue elaborado por el departamento de prevención de riesgos laborales del ministerio. No solo eso. Ya en febrero se guardaba la distancia de seguridad de dos metros dentro del protocolo de seguridad en la Delegación de Gobierno de Madrid.