El informe de la Guardia Civil remitido por la comandancia de la Guardia Civil al juzgado de instrucción 51 de Madrid y que forma parte de la causa por la que ha sido citado a declarar como imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por la marcha del 8M es rotundo. La Delegación del Gobierno tenía conciencia del peligro que suponía la celebración de reuniones y manifestaciones en fechas previas al estado de alarma.

El documento concluye que a partir del pasado 5 de marzo "no se debería haber realizado ninguna manifestación o concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del covid-19" porque ya existía un "profundo conocimiento de los riesgos de la enfermedad por parte de los responsables sanitarios, así como del control exhaustivo de la evolución de la misma, cuando menos con fecha 5 de marzo de 2020, y de cómo los mismos evidenciaron que el evento no se podía celebrar, precisamente por los riesgos que comportaba la concentración de personas.

No solo eso. El informe hace referencia a uno elaborado por el CSIC titulado 'Covid-19. Resumen para Información Interna del plan de acción ante la pandemia' actualizado el 22 de marzo pero redactado en enero y señala que "el CSIC advirtió desde el primer momento de la gravedad del brote". No solo eso, el 28 de febrero del 2020 el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias señalaba que no se podía contener el virus controlando a las personas infectadas y a su entorno porque no se conocen quienes son. El propio Simón, confirmaba que desconocía cómo se habían infectado en Andalucía ni como había circulado por por la Comunidad, lo que suponía un riesgo. Era el 27 de febrero.

El informe no se explica cómo Simón habría dejado ir a su hijo a la manifestación del 8M en rueda de prensa mientras que se cancelaba un maratón en Barcelona o se suspendía un Congreso Evangelista el 6 de marzo por ser considerado de alto riesgo para la propagación del virus.

A dicha reunión -precedida por otra un día antes-, acudieron el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, la entonces directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid (Yolanda Fernández) y los representantes de iglesias evangélicas, según testimonios tomados a algunos asistentes.

La reunión evangelista era de 5.500 personas mientras que el 8M que Simón sigue diciendo que tuvo un impacto residual en la propagación del virus reunión a un millón. El informe es categórico y deja de manifiesto que el 8M no debió celebrarse y destaca que unas concentraciones se prohibieron por su riesgo y otras no.

Simón ha justificado en rueda de prensa esta distinta vara de medir porque en el Congreso evangelista iban a participar personas de 120 países, algunos de ellos de alto riesgo, mientras que eso no ocurría por ejemplo el 8M ni en el partido de fútbol, del que ha dicho desconocer de su existencia, ese fin de semana. Y ha vuelto a reincidir en que "el 8M no tuvo impacto en la pandemia porque el pico de casos se detectó el 9M pero eran de semanas anteriores y no se detectaron semanas después ningún pico de contagios como consecuencias de la manifestación".

La delegación del Gobierno era consciente en su seno de la gravedad de la situación

El informe desvela un documento interno de prevención de riesgos laborales que fue hecho llegar a los trabajadores de la Delegación del Gobierno en Madrid el 28 de febrero -actualizado el 5 de marzo- que demuestra que “se tiene constancia de la gravedad de la enfermedad” con sus posibles efectos más adversos y recomienda que se “mantenga el distanciamiento social” con al menos un metro de distancia.

El informe recoge que entre el 5 y el 14 de marzo fueron convocadas 177 manifestaciones, de las cuales 35 acabaron siendo desconvocadas, más de 20 motivadas por la situación sanitaria. Sin embargo, señala que en muchos casos, no fue la Delegación del Gobierno quien suspendió las convocatorias, sino que hubo llamadas por su parte a los responsables de esas manifestaciones para convencerles de que no era conveniente llevar a cabo las marchas con el fin de que las desconvocaran ellos mismos y que así no quedara registrado que había sido la Delegación la que las había cancelado.

El informe contiene, bien es cierto, errores de bulto como señalar el 30 de enero como el día en que la OMS declaró la pandemia mundial por el coronavirus, algo que no ocurrió hasta el 11 de marzo, tres días después de la manifestación feminista.

Los guantes morados de Celaà tampoco justificaban nada porque ya lo llevaron en otras manifestaciones. De nuevo aquí es una interpretación.

El informe destaca que el propio Pedro Duque había manifestado que se trabajaba desde el mes de enero con los expertos para tratar el virus, por lo que los autores del informe señalan que conocían ya entonces la gravedad del mismo. Pero parece más una interpretación que realmente una constatación de que el ministro supiera la gravedad de la pandemia en esas fechas.

Más allá de eso parece claro que el informe saca la conclusión de que desde Delegación del Gobierno y el Ejecutivo se sabía de la gravedad de la pandemia como para impedir el 8M y otras concentraciones del mes de marzo que presentaban un riesgo para la salud. Y no se hizo.