El Gobierno ha llegado a un acuerdo con ERC y Bildu para la aprobación en el Congreso de la Ley de Vivienda tras una larga negociación, según han indicado estas dos formaciones que comparecerán hoy en el Congreso.

Se trata de una de las normativas clave de la legislatura que negociaron PSOE y Unidas Podemos, que han logrado acercar posturas con estas fuerzas del bloque de investidura, en las últimas fechas, con un anuncio de pacto que llega en vísperas de las elecciones del 28M.

Según confirmaron a Europa press fuentes parlamentarias, el acuerdo implica entre otras cosas limitar la subida de los alquileres al 2% en 2023 y al 3% en 2024, así como rebajar el concepto de gran tenedor de diez a cinco viviendas. De esta forma, a quienes tengan en propiedad cinco o más inmuebles en área tensionada "se aplicarán las medidas concretas, reduciendo así la especulación y el acaparamiento de inmuebles que practican fondos buitre y demás fondos de inversión"

La normativa fue uno de los compromisos que alcanzaron los dos socios de coalición en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, pero motivó también una intensa negociación donde PSOE y Unidas Podemos tuvieron que limar diferencias hasta que se aprobó en el Consejo de Ministros.

De esta forma, llegó al Congreso en febrero de 2022 y, tras superar el debate de totalidad en marzo del año pasado, tardó dos meses en que se diera vía libre a la presentación de enmiendas parciales, y todo pese a que los dos socios del Gobierno pidieron que se tramitara de urgencia.

En ese trámite de enmiendas volvieron a surgir divergencias dado que Unidas Podemos presentó enmiendas parciales al texto, bajo el argumento que sin incorporar más avances la norma no sería aceptada por ERC y Bildu, cuyo voto es clave para conseguir que culmine la tramitación parlamentaria. Mientras, el PSOE afeó que salieran del marco que se había consensuado en el seno del Ejecutivo, pero también trazó contactos con las dos fuerzas independentistas.

Uno de los puntos de discrepancia era la definición de los grandes tenedores de vivienda, que en el texto del Consejo de Ministros se fijó en diez pero en los últimos meses se había llegado a un consenso de rebajar ese umbral y al final se ha decidido dejarlo en cinco.

Pero sobre todo el núcleo central que demandaban los aliados del Ejecutivo era avanzar en el sistema de regulación de precios en zonas de mercado tensionado para que fuera efectivo, y ahí se ha acordado una subida tope del 2% en 2023, un 3% e 2024 y a partir de ahí se creará un nuevo cálculo.

Por otro lado, se amplía la declaración de zonas tensionadas, cuya consideración pivota sobre dos condiciones que no tienen por qué cumplirse a la vez, es decir, bastará con que se cumpla una de las dos situaciones para que el área pueda ser declarada como tensionada. Las condiciones son: que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o bien que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada. En este sentido, se rebajará de 5 a 3 puntos el umbral de aumento sobre el IPC para declarar las zonas tensionadas.

Los socios de Gobierno han asegurado que los desahucios sin fecha y hora predeterminada se han acabado, creando nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que "aplazarán los procesos más de dos años". Asimismo, según consta en el acuerdo firmado por ERC y EH Bildu, se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para las personas vulnerables". La ley permitirá además que las comunidades puedan poner en marcha mecanismos de mediación y de alternativa habitacional, "forzando a los grandes tenedores que realicen desahucios a someterse a los mismos".

Los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario. "Se termina así con los abusivos gastos y honorarios inmobiliarios que impiden a muchas personas, especialmente a los jóvenes, acceder a una vivienda por el desembolso inicial que supone", se advierte en el documento, señalando que "el servicio inmobiliario se presta al propietario, y por tanto será este el que deba asumir los gastos que dicho servicio genere". Además, se prohibirá aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos y se eliminan las cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas de existir un acuerdo entre las partes.

La Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa) ha advertido este viernes de que la limitación de los precios de los alquileres es una medida "cortoplacista y contraproducente", que no resuelve el problema de fondo del alquiler en España: la falta de oferta.

Los grandes caseros de pisos en alquiler advierten que la nueva Ley de Vivienda va a conseguir que la gente retire los pisos del mercado y se suban los precios. Así lo han explicado desde desde ASIPA (Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler) tras conocerse los detalles de la nueva normativa. El Gobierno cree lo contrario.  La norma contempla ahora que los alquileres que se encuentren en áreas de mercado tensionado serán regulados y topados, independientemente de que los inmuebles sean propiedad de grandes tenedores o de pequeños propietarios, tanto para contratos de inmuebles que estén en el mercado de alquiler como para nuevos contratos.

Los topes variarán según la modalidad de contrato y, sobre todo, según el perfil del casero. En el caso de los pequeños propietarios que cuenten con cinco inmuebles en un área tensionada, el límite se establecerá mediante la indexación a la renta anterior en vigor, es decir, el límite vendrá marcado por el contrato anterior, si bien el acuerdo contempla también una serie de bonificaciones a estos propietarios para incentivar que pongan sus inmuebles en arrendamiento.

En el caso de los grandes propietarios, el tope se establecerá mediante la aplicación de un índice de referencia que comenzará a elaborarse ahora y entraría en vigor el 1 de enero de 2025. Hasta entonces, durante 2023 se aplicará el límite del 2% actual, mientras que en 2024 será del 3% a todos los contratos en vigor, independientemente del tamaño del tenedor.

Los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida aumentan del 30 al 40% en el suelo urbanizable (actuaciones de nueva urbanización) y del 10 al 20% en suelo urbano no consolidado (actuaciones de reforma o renovación de la urbanización).