La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha señalado que las empresas que estén en riesgo de concurso y se hayan acogido a ERTE por causa de fuerza mayor no estarán obligadas a cumplir con la cláusula de salvaguarda del empleo que les compromete a no despedir durante seis meses. Es una puerta abierta a despidos pero que es imprescindible para muchas empresas que van a tener complicado sobrevvir al coronavirus. Los ERTE se han convertido en todo un quebradero de cabeza. Primero por la falta de liquidez del Estado, que ya recurre a créditos para pagar las pensiones y, segundo, porque los que cobran de un ERTE tendrán un disgusto con Hacienda en muchos casos al tener más de un pagador. Se matiza así la grandilocuente frase de que el Gobierno iba a impedir despedir.

Díaz ha pedido en el Pleno del Congreso el consenso parlamentario para convalidar el Real Decreto que prorroga los ERTE motivados por coronavirus hasta el 30 de junio, que ha dicho deben ir evolucionando hacia los ERTE motivados por causa económica, técnica, organizativa y de producción (ETOP).

"No exigiremos a nadie cumplir lo imposible", ha dicho la ministra tras recordar que la prórroga de los ERTE conlleva el compromiso de mantener los puestos de trabajo durante seis meses desde el reinicio de la actividad, y que de lo contrario la empresa deberá devolver el importe de las exenciones disfrutadas.

"Esta cláusula de salvaguarda se hace cargo de que algunas empresas, que se encuentren en riesgo de concurso, no podrán cumplir este compromiso", ha recordado Díaz, tras valorar que los nuevos ERTE han sido pactado en el Diálogo Social, con patronal y sindicatos, y que sigue trabajando este miércoles para adaptarlos a la normalidad "mejor". "Los agentes sociales están destinados a ocupar un lugar central", ha dicho, al tiempo que ha valorado que hayan "logrado aparcar sus legítimas diferencias".

Para Díaz "ese ejemplo, el de aunar esfuerzos para resolver los problemas de la ciudadanía" es el que deben seguir los partidos políticos. Ha recordado que los ERTE, atendiendo a las circunstancias, se podrán prorrogar más allá del 30 de junio, al igual que las exenciones a las empresas y las prestaciones por desempleo si así lo negocian los agentes sociales y lo ratifica el Consejo de Ministros.

"La norma prevé la posibilidad de que las exenciones se extiendan a los ERTE por causa ETOP que, hasta ahora, habían quedado fuera de estos beneficios. Las exenciones podrán así acomodarse a nuevas situaciones que requieran incentivación y apoyo por parte del Estado", ha afirmado.

Díaz ha calificado los ERTE como una norma "evolutiva, adaptable, incentivadora y que garantiza un buen uso de los fondos públicos" al incluir compromisos y ha defendido que sea un instrumento para acompañar a algunas empresas que atraviesen dificultades una vez superada la emergencia sanitaria. La realidad es que, pese a las críticas constantes, el Gobierno sigue aferrado a la reforma laboral de Mariano Rajoy y más cuando Bruselas mira con especial atención las cuentas españolas ahora que va a recibir una inyección de 140.000 millones, el segundo país que más dinero va a recibir de toda la UE.