Durante las fases de desescalada las empresas podrían levantar sus ERTE de forma progresiva. Empresas y sindicatos piden al Gobierno que flexibilicen las medidas y que puedan incorporar su plantilla según la apertura en mayor o medida. La aprobación de la propuesta del Gobierno está prevista para el día 5 de abril en el próximo Consejo de Ministros.

Era una de las reivindicaciones de las empresas que no estaban claras. Después de que sectores como el de la hostelería haya dejado claro que abrir locales con un tercio del aforo hundirá a cerca de 85.000 negocios, al menos ahora se les da un respiro. Los trabajadores se podrán ir incorporando poco a poco a una empresa que se haya acogido a un ERTE según vaya aumentando la oferta. Eso puede dar aire a un local que tenga una demanda ínfima pero quiera abrir en plena desescalada, aunque la falta de movilidad tampoco ayuda a que muchos den el paso. Abrir un local es gastar dinero desde el minuto uno y si la demanda no lo compensa habrá dificultades. De hecho los hosteleros están dispuestos a incorporar alta tecnología a sus establecimientos y a aperturas selectivas con tal de ganar aforo o ganárselo a la calle. Todo para que el volumen compense las aperturas.

Y siempre han pedido flexibilidad, aunque eso haga más lenta la incorporación de trabajadores a sus empleos (estos son los requisitos para cobrar el paro tras un ERTE). Las empresas que estuvieran aplicando expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) pondrán renunciar a estos progresivamente para parte o toda la plantilla y "facilitar su tránsito" hacia las reducciones de jornada, "que suponen un menor impacto económico sobre la persona trabajadora". Así lo ha explicado el Ministerio de Trabajo y Economía Social en un criterio publicado este viernes sobre la aplicación de las medidas de suspensión y reducción de jornada.

Concretamente, explica que esto podrá hacerse de forma progresiva conforme vayan desapareciendo las razones vinculadas a la fuerza mayor. Además, apunta que facilitar el tránsito hacia las reducciones de jornada supone "un menor impacto económico sobre los trabajadores" y permitirá atender a la paulatina creciente oferta y demanda de productos y servicios de las empresas.

El criterio dice que la definición concreta de las causas objetivas que integran la fuerza mayor por coronavirus, recogida en el Real Decreto Ley, por el que se estableció el estado de alarma, responden a una causa "externa y perentoria cuyos efectos y ámbitos concretos son decididos en cada momento por las autoridades competentes por razones de salud pública". Esto, según Trabajo, tiene como consecuencia que las distintas medidas puedan ser aplicadas con una intensidad y graduación paulatina y diferenciada.

Así, esta definición ajustada de un escenario de crisis, "no solo permite, sino que hace aconsejable, que las suspensiones o reducciones que se hubiesen adoptado con arreglo a un mayor rigor en la exigencia del confinamiento se vayan dejando de aplicar y sean modificadas en su alcance de acuerdo con la propia evaluación de la situación de emergencia sanitaria, las previsiones de desescalada y los factores a los que responde".

En este sentido, Trabajo afirma que se tiene como precedente de lo anterior la interrupción de actividades no esenciales decretada por el Gobierno del 30 de marzo al 9 de abril y en el que muchas empresas se vieron abocadas a solicitar expedientes de regulación de empleo por causa de fuerza mayor temporal para garantizar la extensión del confinamiento y la restricción de movimientos.

"Las exigencias documentales y de procedimiento deben ser imprescindibles", apunta, tras resaltar que bastará con comunicar a la autoridad laboral la renuncia a la medida autorizada o comunicada, ante una recuperación íntegra de la actividad, y trasladar a la entidad gestora de las prestaciones la situación de afección y desafección de cada uno de los trabajadores. De hecho, remarca que el ERTE garantiza un tránsito "no traumático" hacia una normalidad futura en la que las medidas coyunturales han dejado de ser necesarias.

En resumen, el criterio dice que toda la normalidad adoptada por el coronavirus, cuyo pilar o eje fundamental está constituido por medidas de ajuste interno de las empresas, "tiene como objetivo mantener el empleo y proteger a los trabajadores y flexibilizar y agilizar los mecanismos que son imprescindibles para lograrlo".

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha señalado que se trata de un criterio de aplicación de los ERTE, por lo que "no ha salido aún una orden ministerial que aclare qué actividades, que están ahora suspendidas", pueden abrir el lunes.