Stephane Manigold es un restaurador francés que acaba de conseguir en primera instancia que la aseguradora AXA le indemnice por las pérdidas sufridas por el cierre de su restaurante durante la pandemia de coronavirus. Su caso ha llenado de esperanzas a muchos propietarios españoles que habían contratado pólizas con la cobertura de 'pérdida de beneficios' y que temían que la declaración de la pandemia les privase de una compensación. Expertos en Derecho de Seguros creen que muchas de estas pólizas sí generarán indemnizaciones aunque apuntan especialmente a las contratadas por las grandes empresas.

La sentencia del pasado 22 de mayo del Tribunal de Comercio de París considera que la cláusula por 'pérdidas de explotación', preveía una indemnización en caso de cierre administrativo, no voluntario, de uno de sus establecimientos por lo que debe ser compensado con 70.000 euros por los dos meses y medio que este restaurante ha estado cerrado, según informa la web de Radio Francia Internacional.

La exitosa reclamación de Manigold está aún pendiente del recurso que AXA ha anunciado ante instancias superiores, pero supone un primer impulso que tiene continuidad en demandas similares en Alemania, el Reino Unido o Estados Unidos.

El director ejecutivo de la compañía, Thomas Buberl, ha declarado la voluntad de AXA de "atender la mayoría de las reclamaciones de los propietarios de restaurantes a pesar de la ambigüedad de algunos contratos", informa la web de The Drinks Business.

En línea con este anuncio, la aseguradora AXA ha comunicado también que ha creado un fondo de 500 millones de euros en lo que ha denominado ayuda financiera para pequeñas empresas.

Algo similar está ocurriendo en el Reino Unido donde un grupo de 200 empresarios de bares y clubes nocturnos agrupados en la Night Time Industries Association (NTIA ) está presionando a la aseguradora Hiscox para que les indemnice con más de 55 millones de euros.

Fernando Blanco, del despacho Blanco y Asociados Abogados, defiende que como ha ocurrido en estos países, las compañías aseguradoras deberán responder por este tipo de cláusulas, "hay mucha gente que considera que las pólizas de seguro de pérdida de beneficios que se han comercializado en España otorgan cobertura a este tipo de siniestros pero nosotros creemos que sí y especialmente a las grandes empresas".

En juego hay miles de millones de euros a través de reclamaciones en cascada desde los afectados a las aseguradoras y de éstas al Estado a través de la responsabilidad patrimonial de la Administración.

Este despacho especializado en derecho de seguros ha elaborado un exhaustivo informe que responde al título de “De la crisis sanitaria a la crisis aseguradora: Aproximación a la problemática jurídica de la ingente siniestralidad esperada en las diferentes modalidades de contrato de seguro, como consecuencia de la pandemia, de la declaración del estado de alarma y de las medidas de confinamiento y paralización de la actividad productiva adoptadas por el Gobierno de la nación” y en el que se analizan los elementos cronológicos y documentales motivados por la pandemia de coronavirus y la repercusión en las decisiones adoptadas por la Administración así como sus posibles consecuencias.

El informe de Blanco y Asociados Abogados no solo apunta a la posibilidad de que varios artículos del decreto de estado de alarma sean inconstitucionales sino que el concepto de "fuerza mayor como hecho imprevisible" sobre el que se sostiene la acción gubernamental sea inválido.

Desde el comienzo de la crisis sanitaria en China se ha hablado mucho de las similitudes entre la COVID-19 y la gripe. En 2019, solo en España fallecieron 6.300 personas como consecuencia de esta última.

Por eso, el informe rechaza la existencia de esta 'fuerza mayor' ya que "desde el 2005 el Estado español tiene un plan de contingencia contra la pandemia de la gripe que incluye 11 anexos, el último de ellos está especialmente destinado a las empresas. El plan fue revisado en 2007 y en 2009 por lo que no es algo olvidado para las autoridades sanitarias", concluye Fernando Blanco.

Tampo cree que se pueda invocar esta supuesta situación "imprevisible para "utilizarla como una cuestión de orden público que justificaría el incumplimiento de cualquier obligación de carácter mercantil".

Para el responsable del informe, "se está haciendo una interpretación de estos contratos muy restrictiva sin tener en cuenta que el origen del problema no es la pandemia que solo hace referencia a la extensión de una infección vírica, ya que a pesar de que el virus estaba en todas partes ha habido empresas que han estado abiertas y funcionando con relativa normalidad".

Otra de las vías que se les abren a los administradores y directivos de empresas son los seguros de responsabilidad civil que crecieron de forma importante a raíz de la crisis de 2012. En la actualidad hay muchas pequeñas empresas que, ante las reclamaciones y posteriores condenas podrían recurrir a esta pólizas para pagar las deudas a pesar de su insolvencia y mantener la empresas y a sus trabajadores.

En breve empezaremos a ver en España demandas ante los tribunales reclamando el cumplimiento de estas cláusulas por pérdidas de beneficios por lo que es probable que sigamos así la estela de Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos en una escala que puede tener consecuencias importante para la economía.