El diagnóstico del Plan de Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana tras la DANA del pasado 29 de octubre cifra en cerca de 18.000 millones los daños ocasionados por esta catástrofe, que afectó a más de 300.000 personas y dejó 225 muertos y 3 desaparecidos.

Así lo ha puesto de manifiesto el vicepresidente segundo del Gobierno valenciano y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols, quien ha presentado este informe en el Palau de la Generalitat, acompañado por el president, Carlos Mazón.

Este diagnóstico es la primera fase del Plan de Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, cuya elaboración ya ha arrancado y se prevé que esté cerrada en junio, y que Gan Pampols, ha afirmado que será "robusto, realista, alcanzable y medible".

El vicepresidente ha afirmado que la catástrofe se originó por una DANA, que se vio agravada por el contexto geográfico y sociodemográfico y por el entorno de sistemas.

En concreto, ha citado como agravantes la topografía del terreno; la antropización del suelo (los cambios que el ser humano ejerce sobre el medio); los incendios previos en la zona; el alto crecimiento poblacional, con una densidad de población seis veces mayor que la media de la Comunitat Valenciana y la alta densidad de empresas.

También contribuyeron a empeorar el impacto de la DANA la insuficiente inversión en proyectos hidráulicos desde principios de siglo; la escasa formación de la población en situaciones de alarma; la concatenación de incidentes en los sistemas de alarma, y la baja percepción del riesgo en la población, algo que, a partir de ahora, los niños aprenderán en el colegio.

Ha destacado que el informe, elaborado con datos hasta el 7 de marzo, está sujeto a actualizaciones porque se sigue actuando todos los días, y tiene como primer eje las personas, seguido de las infraestructuras, el tejido empresarial y económico, el medio ambiente, y el tejido social y comunitario.

Según este documento, la DANA afectó a 103 municipios y 306.000 personas, de las 225 fallecieron y otras tres siguen desaparecidas, además de a 11.242 viviendas, cuyo coste de reposición asciende a 475 millones de euros, a los que hay que sumar los 160 millones de los daños en ascensores.

Hubo también 141.000 vehículos afectados, de los que 120.000 han sido siniestro total, así como más de 350 kilómetros de cauces afectados, dos presas dañadas (Forata y Buseo), dos estaciones de tratamiento de agua potable y 123 estaciones de depuración de aguas, con un coste total de 780 millones.

Más 800 kilómetros de carreteras afectadas (con un coste de 360 millones); 550 kilómetros de vías ferroviarias (315 millones) y 380 puentes y pontones, son otros de los daños provocados por la dana en infraestructuras.

En cuanto al tejido empresarial, 64.104 empresas vieron afectada su actividad y sufrieron daños en sus activos por valor de 11.600 millones, mientras que 275.000 trabajadores resultaron afectados, de los que 33.000 entraron en ERTE.

En el eje medioambiental, se han cuantificado daños por valor de 446 millones, de los que 122 millones corresponden a daños en zonas medioambientales, como el Anillo Verde (64 millones), la Albufera (5,7 millones) o el Parque Natural del Turia (6 millones), y 324 millones por la gestión de residuos, donde se han retirado 13.000 toneladas de cañas.

Sobre el tejido social, los mayores daños se han centrado en asociaciones culturales (con 168 locales afectados y 20 millones en daños), clubes e infraestructuras deportivas (350 clubes y alrededor de 10 millones) y en la cancelación de eventos y actividades, que supuso un impacto de 40 millones en pérdidas.

El informe también recoge la inversión prevista por cada uno de los organismos involucrados en la recuperación de la zona afectada: 3.711 millones por parte del Gobierno de España, 4.218 millones por la Generalitat; 56 millones por la Diputación de Valencia, y 45 millones por los diferentes ayuntamientos.

Respecto al sector privado y tercer sector, las iniciativas comprometidas suponen una inversión de 288 millones de euros entre empresas privadas, fundaciones, ONG y asociaciones. 

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