La investigación del asesinato del exalcalde de Gandía, Arturo Torró, continúa con todas las hipótesis sobre el crimen abiertas, si bien cobra cada vez más fuerza la que lo relaciona con las importantes deudas que tenía el que fuera regidor de ese municipio.

Mientras se sigue analizando el hecho de que el arma utilizada en el crimen fuese una pistola del calibre 6,35, de pequeño tamaño y poco habitual, los investigadores centran también sus pesquisas en que detrás de todo lo ocurrido pueda estar un posible ajuste de cuentas.

Según fuentes próximas a la investigación citadas por EFE, a Arturo Torró no le iba muy bien en los negocios, llegando a calificar de “ruinosos” y “en la cuerda floja” algunos de ellos, hasta el punto en que generó muchas deudas.

Además, estas mismas fuentes detallan fue agredido con anterioridad en África en 2023, detallando que  tuvo negocios de importación de aceite en Kenia y en Colombia.

Tras esa agresión, Arturo Torró estuvo en el Reino Unido, donde le trataron, regresando después a la Comunidad Valenciana, donde denunció los hechos ante la Policía Nacional.

Fue pasadas las 22:30 horas del pasado 19 de febrero cuando su cadáver era localizado tras un aviso a la Policía Local sobre un vehículo averiado en el kilómetro 38 de la autovía A-38 a la altura del municipio de Xeresa (Valencia), en sentido Gandía.

Fue la mujer del exalcalde la que avisó a los servicios de emergencia, que encontraron su cuerpo sin vida a varios metros del vehículo, que estaba a nombre de su mujer, de nacionalidad letona, y aún tenía el motor encendido cuando llegaron los agentes.

De 62 años, había dirigido la alcaldía de Gandía entre 2011 y 2015 con el PP. Fundador del Grupo MasVisión y de Hidrosalud, fue condenado en abril de 2023 por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia a una pena de tres años y seis meses de prisión y seis años y seis meses de inhabilitación absoluta como autor de un delito de malversación por la adjudicación de los servicios de comunicación audiovisual del Ayuntamiento de Gandía de 2012 a 2015.

De acuerdo con la sentencia, en el caso de Torró "concurría la condición de autoridad o funcionario con facultad decisoria y capacidad para disponer de caudales públicos".

En febrero de 2016 abandonó el cargo de presidente del PP de Gandía para "no generar polémica" y negaba entonces que su decisión estuviera motivada por su citación, al mes siguiente como investigado por el cierre de la televisión municipal.

Una semana antes ya había anunciado su renuncia al acta de concejal en el Ayuntamiento, por motivos, aseguró, personales, tras una sentencia del Tribunal Supremo sobre Bankia que le era favorable, y por el compromiso que había adquirido con sus hijos antes de las últimas elecciones de que si este hecho se producía abandonaría su actividad política municipal.

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