El aviso enviado a los móviles de la población valenciana con el consejo de evitar desplazamientos a las 20:11 horas del pasado 29 de octubre, el día de la DANA, fue "notablemente tardío" y "errado en su contenido", pues muchas víctimas murieron en sus casas, en los garajes o en la vía pública.

Así lo señala en un auto la jueza de Primera Instancia e Instrucción de Catarroja (Valencia), que centraliza la investigación judicial sobre la gestión de la DANA, quien también afirma que los daños materiales, que afectaron a centenares de miles de personas, "no se podían evitar, las muertes sí".

En otro auto, la jueza señala que "la evitabilidad del abrumador número de fallecimientos" -en las inundaciones murieron 224 personas y hay tres desaparecidas todavía- y el objeto de la investigación se ha de centrar "en la palmaria ausencia de avisos a la población, que no pudo tomar ninguna medida para protegerse".

La titular del juzgado afirma que es "evidente la imposibilidad absoluta de los cuerpos de bomberos de evitar o simplemente reducir el altísimo número fallecimientos o las lesiones que tuvieron lugar el 29 de octubre, aún en el supuesto de una correcta y adecuada organización y despliegue de dichos cuerpos".

Según expone, "no se puede establecer una relación de causalidad entre los fallecimientos" y la inactividad de los bomberos a la que aluden algunos denunciantes, por cómo perdieron su vida las víctimas: "El torrente de agua y barro que anegaba las calles, la altura a la que llegó el agua, hacía inviable que los vehículos de bomberos se introdujeran por las calles al objeto de salvar a la población que perecía ahogada".

El auto relata que el volumen de agua «arrastraba automóviles, furgonetas, que chocaban entre sí, contra las viviendas, flotaban y arrastraban en muchas ocasiones a conductores que no podían escapar de su interior» y añade que "mucho menos era factible que de manera individual los bomberos se desplazaran entre las calles".

La jueza considera que "la tardanza en recibir ayuda las poblaciones afectadas, o la descoordinación, se ha de dilucidar en otros ámbitos, en la jurisdicción contenciosa, o en el político", mientras que "es el nexo causal lo que ha de determinar las pruebas a adoptar en un proceso penal".

Por otra parte, La Vanguardia publica este miércoles que la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas esperó a que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, llegara a la reunión del Cecopi en el Centro de Coordinación de Emergencia, y mantuviera una reunión a solas con él para lanzar la alerta el día de la DANA.

Uno de los últimos requerimientos de la jueza a la Generalitat ha sido que informe si concurrió y se integró en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) "alguna otra autoridad" distinta de las 29 personas y organismos que ya formaban parte de ese órgano el día de la DANA, entre su convocatoria, a las 17:00 horas, y hasta las 20:11, cuando se remitió el mensaje de alerta a la población a través del sistema Es-Alert.

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