Un total de 97 familiares de víctimas de la riada que afectó a la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha se han sumado a la querella que la asociación SOS Desaparecidos presentará a principios de febrero en la Audiencia Nacional. La denuncia, que se dirigirá contra la Generalitat Valenciana, el Gobierno central liderado por Pedro Sánchez y varios ayuntamientos, señala presuntos delitos de homicidio imprudente, negligencia y omisión del deber de socorro. Además, incluirá testimonios de supervivientes y trabajadores de servicios de emergencia.
Joaquín Amills, presidente de SOS Desaparecidos, ha adelantado detalles de algunos de los testimonios recogidos. Según explica, la tarde de la DANA muchos trabajadores de emergencias acudieron por iniciativa propia a sus bases, alertados por mensajes en redes sociales y grupos de WhatsApp. Sin embargo, no recibieron órdenes oficiales. “Ellos mismos se pusieron en prealerta”, afirma Amills, destacando la falta de coordinación oficial.
Un testimonio especialmente revelador es el de un trabajador de emergencias que, hacia las 18:30 horas, alertó a su superior sobre la gravedad de la situación, señalando que ya había muertos y coches arrastrados por el agua. La respuesta que recibió fue que “todo estaba controlado”. Según Amills, el trabajador llegó a enviar un vídeo en el que se veía cómo el agua arrastraba un cuerpo sin vida. Sin embargo, sus superiores desestimaron el material, alegando que se trataba de un bulo y que lo mostrado en el vídeo era un maniquí.
Otro aspecto crítico que recoge la denuncia es el colapso del sistema de emergencias 112 en la Comunidad Valenciana. Muchos ciudadanos que intentaron pedir ayuda recibieron un mensaje grabado indicando que “el número marcado no existe”. Este fallo impidió salvar vidas en un momento crucial. En Castilla-La Mancha, donde el servicio seguía operativo, los operadores no lograron establecer contacto con Valencia, como relata una mujer que pidió auxilio desesperada por su hermana, quien terminó falleciendo ahogada.
La denuncia también apunta a una falta de comunicación preventiva. Según los testimonios, no se emitieron avisos claros para que los ciudadanos tomaran precauciones. “Murió mucha gente mayor que no salió de casa, que hizo lo que le decían, que siguió todas las instrucciones”, denuncia Amills, quien subraya que muchas muertes podrían haberse evitado con una mejor planificación y respuesta.
Con 223 muertos, tres desaparecidos y más de 1.000 personas rescatadas en situaciones extremas, la riada dejó un saldo devastador. Rosa recuerda escenas dantescas aquella noche: “Vimos a diez o doce personas subidas delante del centro comercial hasta las cuatro o cinco de la mañana. Era surrealista, en pleno siglo XXI, en un país moderno”.
SOS Desaparecidos buscará justicia para las víctimas y sus familias, revisando no solo lo ocurrido el 29 de octubre, sino también la gestión de emergencias en la última década. “No todas las muertes se podían evitar, pero muchas sí. Este desastre no fue solo natural, fue un fallo humano”, concluye Amills.
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