El Ejecutivo autonómico, consciente de las necesidades urgentes de vivienda, provocadas por la reciente DANA que devastó la zona sur de Valencia, ha descartado la expropiación o cesión forzosa de viviendas vacías de grandes tenedores para atender a los afectados. En lugar de recurrir a mecanismos habilitados por la ley de Función Pública de la Vivienda, la Generalitat Valenciana apuesta por una vía más conciliadora, solicitando de forma voluntaria la colaboración de los 19 grandes propietarios registrados, quienes disponen de más de 1.300 viviendas deshabitadas en la provincia.

Aunque la negociación está en curso, no se han alcanzado acuerdos definitivos. De hecho, en 2023, la Generalitat introdujo un impuesto a los grandes tenedores, por lo que Hacienda dispone de los datos de contacto de estos propietarios, facilitando la interlocución.

Mientras tanto, la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero, trabaja con el Ministerio de Vivienda, la Sareb y varios municipios para habilitar más opciones habitacionales. Entre las medidas adoptadas destaca la rehabilitación de 75 viviendas públicas que se sumarán a las 30 ya disponibles. Además, se han destinado 3 millones de euros a la reparación de inmuebles sociales dañados por la DANA.

El parque público de viviendas de la Comunidad Valenciana lleva años en mínimos, agravando la situación. Por otro lado, el edificio de La Torre, propiedad de la Generalitat y con 180 viviendas listas para adjudicar, sufrió daños por las inundaciones, retrasando su disponibilidad. Como solución inmediata, se han habilitado albergues temporales, como la antigua escuela de enfermería en el viejo hospital La Fe, en colaboración con la Cruz Roja, que ofrece 50 plazas para atender emergencias específicas.

La situación es especialmente complicada debido a la escasez de oferta en el mercado de alquiler. En València y su área metropolitana hay menos de 2.500 viviendas disponibles, una cifra insuficiente frente a las más de 6.000 que se necesitarían para cubrir la demanda. Además, el precio medio del alquiler en la capital ha alcanzado los 1.656 euros mensuales, dificultando aún más el acceso a una vivienda cercana al lugar de trabajo o residencia habitual de los afectados.

La situación es similar en las localidades más afectadas por la riada, como Paiporta, Albal o Catarroja, donde los alquileres oscilan entre los 800 y 1.000 euros, pero la oferta es prácticamente inexistente. Según el Observatorio de la Vivienda de la UPV, el precio medio del alquiler en València ha subido un 77 % en los últimos cinco años, tensionando aún más el mercado.

El Consell también enfrenta retos en la identificación de las familias que necesitan ser realojadas. Con 4.087 expedientes abiertos en 30 municipios, los ayuntamientos trabajan para determinar si los afectados cumplen los requisitos para acceder a una vivienda social. Hasta el momento, 489 viviendas han sido desalojadas por problemas estructurales, mientras que 1.651 han sido declaradas inhabitables debido a daños significativos.

Aunque se han tramitado más de 22.000 solicitudes de ayuda, solo se han abonado 6 millones de euros de los fondos comprometidos, lo que cubre un millar de casos. Para muchos, la espera se alarga, mientras dependen de familiares o amigos para un alojamiento provisional. Con todo, la Generalitat confía en que las medidas adoptadas permitan aliviar la crisis habitacional generada por la DANA, aunque el camino hacia una solución definitiva todavía parece muy lejos…

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.