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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado este lunes un nuevo real decreto ley con 110 medidas adicionales para hacer frente a la catástrofe provocada por la DANA, con una inversión agregada de 3.765 millones de euros.
El presidente del Gobierno ha comparecido tras la reunión del Consejo de Ministros --que se ha celebrado de manera anticipada este lunes-- para anunciar nuevas medidas y ayudas para los afectados por la DANA, que se sumarán al primer paquete de ayudas de 10.600 millones de euros aprobado la semana pasada.
Pedro Sánchez ha explicado que las medidas, que tienen como objetivo dar respuesta inmediata a la catástrofe y reconstruir las zonas afectadas, se aprueban con carácter de urgencia y, por tanto, van a entrar en vigor nada más sean publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
"El Gobierno de España, como el conjunto de la sociedad española, está y estará con los valencianos y valencianas todo el tiempo que sea necesario", ha subrayado el jefe del Ejecutivo.
Todas las medidas adoptadas la pasada semana, más las nuevas medidas aprobadas este lunes, permitirán a 400.000 trabajadores mantener sus ingresos, y ayudarán a unas 30.000 empresas a reactivar su actividad y a unos 100.000 hogares a cubrir sus necesidades más básicas.
Una de las medidas incluidas en este nuevo paquete es la extensión de las ayudas por daños a viviendas a los propietarios que no residían en ellas, pero que las tenían arrendadas. "Por tanto, no solamente son los propietarios, sino también aquellos propietarios que vivían en esas viviendas, también aquellos propietarios que no residían en ellas, pero que las tenían arrendadas", ha señalado Sánchez.
También se han extendido las compensaciones por pérdidas en enseres a los inquilinos y a los bienes que no sean de primera necesidad.
Además, para que estas ayudas lleguen más rápido, se ha decidido realizar un anticipo inmediato del 50% a todos los ciudadanos que soliciten las ayudas. "Un anticipo del 50%, de modo que no tengan que esperar mientras se tramita su expediente", ha destacado el presidente.
De igual modo, se ha aprobado extender el Código de Buenas Prácticas Hipotecario, que se creó en 2022, para que los hogares golpeados por la DANA puedan congelar sus hipotecas durante otros 12 meses adicionales, una vez pasados los 12 meses ya recogidos en el real decreto ley de la semana pasada.
Según el decreto de la semana pasada, las familias podrán acogerse a la suspensión de las obligaciones de pago de intereses y de capital de préstamos y créditos por un período de tres meses y de otros nueve meses adicionales para el pago del capital, independientemente de que cuenten con garantía hipotecaria.
Esto supone, según ha indicado el presidente Pedro Sánchez, que un ciudadano que tenga una hipoteca media de 120.000 euros, con una cuota mensual de 600 euros, no pagará nada durante los tres primeros meses y durante los siguientes nueve meses sólo pagará intereses, unos 300 euros.
Con el decreto aprobado este lunes, una vez pasado este tiempo, si tuviera un riesgo de vulnerabilidad, ese hogar podrá acogerse al Código y seguir pagando un importe de unos 300 euros durante 12 meses más para toda España y 18 meses más para los que están en zonas afectadas.
Según Sánchez, hasta ahora se han habilitado ya 150 viviendas de titularidad del Gobierno de España, que están situadas dentro o cerca de las zonas dañadas para ponerlas a disposición de los afectados de manera gratuita e inmediata. También se va a destinar 25 millones de euros para comprar viviendas y ampliar el parque para las familias y los hogares damnificados.
Por su parte, en materia laboral se ha reforzado los ERTE de fuerza mayor para aplicarlos a todas las empresas y trabajadores que, aunque no están localizadas en los municipios afectados, han visto su actividad severamente dañada por la DANA.
También se ha incluido en el paquete la asimilación de la prestación de incapacidad temporal a la de accidente de trabajo, eliminando el requisito de un número de años previos cotizados para poder acceder a ella.
Además, se ha dado luz verde a una nueva prestación extraordinaria por cese parcial para autónomos, que les permitirá compatibilizar su actividad durante 3 meses con la recepción de esta ayuda. Será equivalente al 50% de su base de cotización.
Dado el volumen de medidas laborales, la cuantía del paquete del Ministerio de Trabajo y Economía Social en este segundo real decreto asciende a 1.439 millones de euros, el mayor registrado de entre los Departamentos del Gobierno, seguido del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (1.097 millones de euros).
Más allá, el paquete de 110 medidas incluye la prohibición de cortes de energía eléctrica y gas a los hogares afectados y se conmina a las operadoras de telecomunicaciones y servicios que compensen a sus clientes por los servicios que no han recibido durante la catástrofe.
También se permite, sin coste alguno para el consumidor, modificar y suspender temporalmente los contratos de suministro, así como aplazar las facturas.
Entre las medidas dirigidas a la recuperación del tejido productivo, destaca la línea de ayudas directas de 200 millones para explotaciones agrarias que hayan sufrido daños que les impidan realizar la siguiente campaña con normalidad o que tengan unas pérdidas de su potencial productivo superiores al 40%.
También se incluye una línea adicional de créditos ICO Mapa Saeca de 60 millones de euros para agricultores y ganaderos y un programa para reparar infraestructuras agrarias como caminos, bancales y sistemas de regadío de 175 millones de euros que será ejecutado por Tragsa.
De su lado, se llevará a cabo la activación de un primer tramo de 1.000 millones de los créditos ICO que se anunció la semana pasada, concretando una línea de avales que cubrirán el 80% del préstamo total, para que hogares, empresas y autónomos puedan acceder lo antes posible al importe de las ayudas, subvenciones e indemnizaciones y también acometer las inversiones que necesiten. Además, se flexibilizarán las ayudas, plazos de ejecución y condiciones de los proyectos a las empresas industriales.
El paquete de ayudas incluye un plan de 45 millones para la restauración de la Albufera y las cuencas fluviales afectadas por la inundación y se pondrán en marcha dos millones de euros en ayudas directas para los cines, librerías y entidades culturales que han tenido que cerrar sus puertas.
Además, se incluye una partida de 500 millones de euros para financiar un Plan de Acción contra el Lodo destinado a retirar los restos acumulados y reparar las redes de agua de los municipios afectados.
Además, se ha aprobado un incremento temporal en un 30% del complemento de Ayuda Para la Infancia, que perciben las aproximadamente 10.000 familias con menores y de bajos ingresos que residen en las zonas afectadas.
El Consejo de Ministros ha aprobado también la ampliación temporal de las plantillas en las subdelegaciones del Gobierno, la creación de puntos de atención en todas las oficinas de Correos y la apertura de una red de oficinas temporales en los municipios afectados, de las que 10 estarán operativas esta misma mañana.
Según ha informado Sánchez, hasta el momento hay 400 empresas que han solicitado ERTE de fuerza mayor para un total de 9.000 trabajadores.
Además, más de 2.800 personas han pedido ayudas directas por daño a la vivienda o la pérdida de enseres y se han registrado unas 158.000 solicitudes al Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, de las que el 80% ya están en tramitación y las primeras han empezado a cobrarse.
La Administración General del Estado (AGE) ha abierto este lunes las primeras oficinas en doce municipios que han sufrido los efectos de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) con el objetivo de atender directamente a los ciudadanos afectados.
En total, se han establecido 12 oficinas abiertas, diez en localidades afectadas de la Comunidad Valenciana y dos en Castilla-La Mancha, con horario de atención que va desde las 9:00 a las 17:30 horas.
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