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La Fiscalía Provincial de Valencia ha archivado las diligencias de investigación preprocesal que abrió a raíz de la denuncia presentada por la Asociación Defensor del Paciente sobre posibles irregularidades en los programas de cribado de cáncer de mama durante el pasado gobierno del Botànic al no apreciar indicio alguno de delito en los hechos comunicados. Esta decisión es irrecurrible.
El ministerio público, en un decreto del pasado 4 de marzo, acordó iniciar esta investigación para determinar una eventual tipicidad de los hechos, aunque ya descartaba la existencia de delito, según consta en el texto. Sin embargo, en un decreto de tres días más tarde, el fiscal jefe archiva las diligencias al entender que la denuncia "no contiene ningún supuesto susceptible de ser calificado penalmente, ni informa acerca de indicio alguno de esta naturaleza que justifique" la intervención del ministerio fiscal.
La Conselleria de Sanidad informó el pasado mes de febrero de la apertura de una investigación por posibles irregularidades en los programas de cribado de cáncer de mama, de colon y de cérvix en los años del gobierno del Botànic. Así, apuntó que había detectado posibles retrasos de hasta cuatro años en la primera citación a entre 150.000 y 200.000 mujeres, así como demoras de dos años para realizar las mamografías de seguimiento.
El Defensor del Paciente puso en conocimiento estos hechos ante Fiscalía para depurar posibles responsabilidades ya que consideraba que estos retrasos comportan "una situación de agravamiento irreversible si se detectara un cáncer". Por ello, pedía investigar "la veracidad de estos datos por el riesgo para la salud o vida de las mujeres y la dejación de funciones de quienes no hayan tomado las medidas de precaución".
Al respecto, la fiscal designada para conocer las diligencias de investigación señala que el hecho "nuclear" de esta denuncia es el retraso en la realización de un número "muy elevado" de mamografías, pero "como dato sujeto a investigación interna y pendiente de confirmar y concretar en sus causas y efectos".
Por ello, señala que en el actual momento "su significado es el de la constatación de una disfunción grave por el volumen de personas afectadas, sin otras consideraciones culpabilísticas o consecuencias personales concretas de las que pudiera extraerse algún indicio concreto relacionado con la comisión de un delito".
Por ello, señala que corresponde a los órganos administrativos competentes evaluar el origen y resultados del mencionado retraso y no al ministero fiscal "mientras en su haber no consten indicios, por pequeños que sea, de la comisión de un delito".
Así, propone al fiscal jefe el archivo de las diligencias, que este acuerda en base al dictamen emitido y señala a la Asociación Defensor del Paciente que aunque este archivo es irrecurrible "siempre puede reproducir su denuncia ante el órgano judicial competente".
Al respecto, la presidenta de la entidad, Carmen Flores, afirma no entender este archivo un día después de haberle trasladado la apertura de diligencias pre-procesales con asignación de un Fiscal. Así justifica su denuncia en que fue el actual Consell el que informó de esta situación y cuestiona que no se pida entonces "nada" al Gobierno valenciano para "conocer en qué se ha basado para hacer esta 'denuncia pública'". Del mismo modo, pone en entredicho "si no es un delito poner en riesgo a las personas que, por falta de prevención, se pueden incluso morir".
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