Juzgan a un exconcejal de Calpe y a un funcionario por exhumar un cadáver para enterrar a la abuela del empleado público
El nicho está ubicado junto a los restos mortales del abuelo del responsable de personal y marido de la fallecida
La tumba estaba ocupada por un fallecido que tenía derecho a perpetuidad y los juzgados pidieron a una funcionaria que lograra la concesión, incluso saltándose la legalidad
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La Audiencia Provincial de Alicante juzga al exconcejal delegado de cementerios del Ayuntamiento de Calpe y a un funcionario, jefe de recursos humanos del consistorio, acusados de ordenar la exhumación de los restos mortales de un nicho, para enterrar en el mismo a la abuela del funcionario procesado.
Los hechos ocurrieron entre 2018 y 2019 cuando el edil contactó con la empleada responsable de la administración del cementerio para informarse sobre uno de los nichos, ubicado junto a los restos mortales del abuelo del responsable de personal, en el cual el funcionario estaría interesado en enterrar a su abuela que estaba enferma y respecto de la que temían su fallecimiento en los próximos días.
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La mujer le dijo que el nicho en cuestión estaba ocupado por un fallecido en el año 1973 que tenía derecho a usarlo a perpetuidad, esto es, durante 99 años.
Según mantiene la Fiscalía, los dos procesados presionaron a la empleada para que hiciera lo necesario, incluso saltarse la legalidad, para lograr la concesión. La mujer reiteró su negativa para vaciar el nicho y dárselo a la familia del procesado.
El Ministerio Fiscal sostiene que los encausados redactaron una providencia en la que ordenaban la exhumación y la reducción de los restos del ocupante del nicho y su traslado a la fosa común. De este modo, los sepultureros vaciaron el nicho para, horas después, enterrar a la familiar fallecida del funcionario.
Amenazas a una funcionaria
La Fiscalía añade que cuando los hechos trascendieron y fueron publicados por los medios de comunicación, el exconcejal responsabilizó a la empleada del cementerio de la filtración y comenzó a tratarla de una forma hostil y a amenazarla con despedirla o degradarla.
El Ministerio Fiscal solicita inicialmente para cada uno de los dos procesados una pena de 13 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación en concurso con un delito contra la memoria de los muertos. Para el edil pide además un año de cárcel por un delito de acoso laboral.
La vista se celebrará el próximo miércoles en la sección 2ª de la Audiencia Provincial de Alicante.
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