Otra desarticulación de un grupo dedicado a estafas, tras el que comunicó ayer la Policía Nacional mediante la técnica del 'phishing' en Córdoba. Hoy, el Cuerpo informa de que ha caído una organización criminal cuyas víctimas eran personas de avanzada edad.

En total, hay 45 detenidos que se hacían pasar por trabajadores de la Administración para estafar a ancianos en situación de vulnerabilidad: vivían solos y habían realizado con anterioridad alguna compra de determinados bienes.

Ese era el perfil al que acudían los presuntos estafadores en todos los casos, según detectaron los agentes, que han registrado 17 puntos distintos. En las provincias de Alicante, Valencia, Toledo y Madrid.

Calculan que el perjuicio asciende a más de 300.000 euros. La investigación se inició en agosto del año pasado al detectarse denuncias por toda España. No guardaban relación entre ellas, pero sí existía un similar patrón de conducta delictiva.

Con el cruce de informaciones se pudo averiguar cómo operaban. Primero obtenían los listados de las víctimas de empresas dedicadas a la venta a domicilio, cuyos trabajadores captaban el interés de los clientes con supuestas ofertas y regalos.

Mediante información confusa, hacían que firmasen contratos para adquirir bienes por un precio superior a su valor de mercado. En las ocasiones en las que no disponían del dinero necesario para la adquisición, suscribían un documento con una financiera.

Una que les concedía un préstamo con unos intereses muy altos, lo que les permitía pagar mes a mes los productos, generando una deuda que se prolongaba durante varios años. En este contexto, los miembros de la organización criminal contactaban por teléfono con estas personas mayores.

Suplantaban a administrativos, de la Justicia, Hacienda y hasta la Guardia Civil. Incluso llegaron a disponer de placas emblema falsas para ganarse su confianza. Entonces, en sus comunicaciones les advertían de que se había celebrado un juicio contra la entidad bancaria.

En el supuesto proceso judicial, les engañaban diciéndoles que el juez había fallado a su favor obligando a dicha entidad a devolverles el importe íntegro de dichas compras. De este modo, con el pretexto de poder completar las devoluciones, les solicitaban la información bancaria.

Así podían ingresarles el dinero que les correspondía. Una vez conseguían el acceso para operar con total libertad en sus cuentas, comenzaba el expolio sistemático. Operaban con un volumen ingente de transferencias de dinero no autorizadas a cuentas controladas por ellos mismos o realizando extracciones de dinero en efectivo.

Si no lograban obtener las credenciales de acceso por teléfono, incluso concertaban una cita presencial en el domicilio de la víctima, tras asegurarse de que vivía sola. Allí se presentaban los presuntos estafadores con sus placas falsas para acreditar que eran funcionarios públicos.

En algunas ocasiones, incluso portaban un datáfono y solicitaban a la víctima que introdujera su tarjeta bancaria y PIN para proceder a ingresarle la supuesta indemnización. Hecho esto, aprovechaban una distracción, motivada por una llamada previamente planificada, para abandonar la casa con la tarjeta y con cualquier objeto de valor.

Los máximos responsables de este entramado también han sido arrestados en la operación e ingresado ya en prisión provisionalmente. Se han bloqueado 85 cuentas bancarias e intervenido en total 46 teléfonos y cinco vehículos de alta gama.

También 30.000 euros en efectivo, 30 relojes de alta gama, 97.000 euros en billetes falsos y un arma de fuego, entre otros efectos.

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