“Ha rectificado el Supremo. Hay que respetar las resoluciones judiciales, no tengo nada más que decir”. Eso es lo que ha dicho la ministra de Empleo, Magdalena Valerio, en una de las primeras reacciones del Gobierno. De momento reina la prudencia. El Ejecutivo fijará su posición el jueves, en el Consejo de Ministros. Antes, quiere analizar y estudiar el impacto de la decisión, aunque un miembro de ese gabinete, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decía ayer mismo que el Alto Tribunal se la jugaba: “Al dictar esta resolución, evidentemente se va a jugar el prestigio”, manifestó.

Y de desprestigio habla precisamente Podemos, que llama a la movilización; manifestación este mismo sábado ante el Tribunal Supremo.

Por su parte, en el Partido Popular dicen que acatan la decisión les guste más o menos. “Es difícil de entender que en tan poco tiempo se haya podido dictaminar por dos alas una cosa y su contraria y se haya mantenido en esta situación a los consumidores de hipotecas”, ha dicho el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro.

Y desde las asociaciones de la banca afirman que “frente a la confusión interesada de la banca” hay que “organizarse”. También la OCU habla de decisión bochornosa.