Tres de las siete calderas de gas del edificio parroquial que explotó en la calle Toledo en Madrid hace seis días no estaban registradas en la Dirección General de Industria de la Comunidad, según han informado fuentes del cercanas al caso.
La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Plaza de Castilla, que dirige la investigación de la explosión el pasado día 20 que provocó cuatro muertes, ha solicitado a la Policía Nacional y los Bomberos varios informes para dilucidar las causas del siniestro del inmueble.
Según estas mismas fuentes, los investigadores han comprobado la documentación de las instalaciones de gas y su mantenimiento y han constatado que de las siete calderas de gas que había en el edificio, cuatro estaban registradas oficialmente.
Fuentes jurídicas han detallado que la magistrada está a la espera de recibir el informe de la Policía Científica. Una vez lo analice continuará con el proceso de investigación judicial abierto y ordenará, si así lo considera, nuevas actuaciones. La última revisión de la instalación de gas del edificio, obligatoria cada 5 años, se realizó en enero de 2020 y estaba en orden, según fuentes de la Comunidad de Madrid.
Otro asunto diferente, aclaran, es la revisión de la caldera, que depende de la empresa con la que está suscrito el seguro o la encargada de su mantenimiento, y de la que el Gobierno regional no tiene datos.
Fuentes de la investigación, los agentes de la Policía Judicial de la Comisaría de Centro han tomado declaración por el momento a una decena de testigos. Entre ellos, uno de los sacerdotes aseguró a los agentes que llevaban días sin tener calefacción y pidieron ayuda a David Santos el electricista feligrés que falleció, para arreglar uno de los radiadores que estaba en el sótano.
Por su parte, el párroco de la Parroquia Virgen de la Paloma, Gabriel Benedicto, afirmó que minutos antes de la explosión olía a gas en todo el edificio y defendió que ninguno de los sacerdotes ni David Santos llegaron a tocar alguna de las calderas