Juana Rivas queda libre de la pena de cárcel siempre que acuda a programas de parentalidad positiva
Si comete un delito en los próximos tres años la suspensión quedaría revocada
El auto considera que la asistencia a programas de padres "no es excesiva"
La Audiencia de Granada ha acordado suspender la pena de prisión para Juana Rivas. Ha estimado el recurso interpuesto por la condenada por sustracción de sus hijos, menores de edad. Previamente había recibido el indulto parcial del Gobierno. Ahora, se suspende la pena por un plazo de tres años, siempre que participe en programas de parentalidad positiva, algo solicitado por la acusación popular.
En caso de incumplir la asistencia a los programas, durante el plazo de tres años, la suspensión de la pena quedaría revocada. Pasaría lo mismo si comete un nuevo delito durante el plazo citado.
La resolución señala que la obligación de ir a estos programas queda establecida "en interés superior de los menores", en relación con los dos hijos de Rivas. Permaneció con ellos un mes en paradero desconocido después de no entregárselos a su expareja Francesco Arcuri. En esta línea, el auto refleja que es una decisión "necesaria para evitar la comisión de nuevos delitos", al menos en lo que respecta con sus hijos. También la califica que "no es excesiva ni desproporcionada".
La determinación ha tenido en cuenta que las acusaciones pública y particular han estado de acuerdo con la concesión del beneficio de la suspensión de la pena. La audiencia también ha considerado que no existen responsabilidades civiles que pagar, así como que Rivas carece de otros antecedentes. Por este último motivo, no ha apreciado que "la ejecución de la pena resulte necesaria para evitar la comisión de nuevos delitos".
La mujer lleva desde diciembre cumpliendo la pena en su casa con un brazalete de control telemático. Aún le quedaba medio año. El Gobierno aprobó el indulto parcial el 16 de noviembre de 2021, que rebajó la pena de dos años y seis meses a un año y tres meses, la mitad. Dos días más tarde, el 18 de noviembre, su defensa solicitó la suspensión de la pena. El Juzgado de lo Penal número 1 la denegó al considerarla “un peligro” para sus niños.