{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
Las cadenas de clínicas dentales en régimen de franquicias se han convertido en el verdadero dolor de muelas de los españoles. Más de 500.000 afectados pleitean tratando de recuperar su dinero y su salud en algunos de los casos más sonados de quiebras y bancarrotas que les han dejado con los tratamientos a medias: Funnydent, iDental o iDentalDentix.
Para el Consejo General de Dentistas, estructuras cono la quebrada iDental siguen proliferando en nuestro país poniendo en marcha un sistema de atención en el que empresarios ajenos a la profesión anteponen su interés económico sobre la salud de las personas.
La denuncia es compartida por Isabel Palomino, abogada de la plataforma de afectados Afecade y Negotiaque alerta de del intrusismo existente en este sector en el que "son los comerciales los que realizan la labor de captación de los usuarios".
Por eso no es de extrañar que desde el Consejo General de Dentistas se haya denunciado ante el Ministerio de Sanidad la proliferación de nuevos modelos de negocio en nuestro país que publicitan y comercializan alineadores, ortodoncias invisibles y prótesis dentales, mediante la apariencia de centros sanitarios, cuando en realidad la mayoría "carecen de autorización sanitaria de funcionamiento", ya que se trata de fabricantes de productos sanitarios a medida, provocando una "situación de engaño" a los ciudadanos.
Esta denuncia apunta a la necesidad de que el ordenamiento jurídico facilite el control de este tipo de empresas que dejan a cientos de miles de pacientes en una situación vulnerable, desde un punto de vista sanitario -con tratamientos inconclusos- así como financiero, ya que en muchas ocasiones los usuarios se ven obligados a solicitar créditos para hacer frente al pago de las facturas sanitarias.
Desde el ámbito político, partidos como Unidas Podemos han reclamado al Gobierno que modifique la legislación, en el ámbito de sus competencias y en materia relativa a los tratamientos dentales, para que sea obligatorio que las clínicas dispongan de una póliza para cubrir el riesgo de cierre o quiebra ante sus usuarios y de los tratamientos mal hechos.
Se trata de una reivindicación habitual entre los afectados y sus abogados. Isabel Palomino cree que la única forma de preservar el dinero y la salud de los pacientes pasa por obligar a las clínicas dentales a tener un seguro que respalde los tratamientos contratados y, al mismo tiempo, convertir en responsables solidarios a las financieras que se enriquecen con estos créditos.
Para esta defensora de pacientes, los verdaderos afectados son sus clientes ya que las franquicias se quedan con el dinero y desaparecen mientras que las financieras solo se ven obligadas por sentencias a devolver el dinero de los tratamiento financiados, aunque la intención es ir más allá y lograr que se obligue a estas empresas a terminar estos tratamientos interrumpidos e indemnizar a los clientes por los daños infringidos.
No se trata solo de una estafa. Según Palomino, la salud bucal afecta de forma generaliza la resto de nuestro cuerpo provocando también un daño físico y psicológico. Muchos de los afectados por estas quiebras han sido atendidos en otras franquicias que también han tenido que echar el cierre por lo que han sufrido no solo la pérdida de sus ahorros sino también han experimentado una quiebra de su salud.
El fenómeno recurrente de las quiebras de las clínicas odontológicas ha llevado a los responsables de Consumo de varias Comunidades Autónomas a elaborar guías para ayudar a los afectados a reclamar sus inversiones, recuperar los tratamientos y paralizar los créditos concedidos para sus tratamientos.
Los odontólogos también recuerdan a los ciudadanos que ante el cierre repentino de una clínica dental, han de conservar toda la documentación que pudiera tener, como folletos publicitarios, presupuestos, contratos de créditos, resguardos de citas, historial o pruebas diagnósticas.
Por ello, el Consejo General de Dentistas aconseja también presentar ante la clínica, por burofax o por correo certificado con acuse de recibo, una reclamación escrita; solicitar una copia de sus historias clínicas también por burofax u otro medio fehaciente; y si se ha producido mala praxis o el tratamiento no se ha finalizado, presentar una reclamación ante la Consejería de Sanidad de la comunidad autónoma en la que resida el afectado.
En el caso de que haya firmado un crédito vinculado, "exclusivo para financiar la prestación de un servicio específico", puede interponer una reclamación ante la entidad financiera con la que lo haya firmado, alegando el incumplimiento por parte de la clínica del servicio vinculado al crédito y reclamando sus derechos establecidos en el artículo 29.3 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, con el fin de interrumpir los pagos a las entidades financieras.
En el caso de que no hubiesen transcurrido 14 días naturales desde la firma de este crédito, se puede ejercer el derecho de desistimiento; además ha que presentar una queja ante la Dirección General de Consumo de su localidad si se han vulnerado sus derechos como consumidor.
Por otro lado, si se acude a la vía judicial, recuerda que se puede hacer por vía civil, donde se interpondrá una reclamación como consecuencia de daños y perjuicios ocasionados por una mala praxis profesional o tratamientos no finalizados; o por la vía penal, que se usa si ha existido negligencia grave, estafa, delito contra la salud.
"Aquellos ciudadanos que no dispongan de suficientes recursos económicos y reúnan los requisitos legales exigidos, podrán solicitar asistencia jurídica gratuita a través de los Colegios de Abogados territoriales", añaden.
La abogada de Afecade lamenta que después de estos años, después de las quiebras de empresas como Funnydent, iDental o Dentix, es indignante que los pacientes sigan abandonados y que no hayamos aprendido nada. "Si seguimos con esta incapacidad de control, no es extraño que aparezcan nuevos casos", afirma. Cree que ahora deberá ser el Tribunal Supremo el que deba de dar la razón a los afectados en su reclamación por daños y perjuicios algo que asegura, está bien solucionado en el resto de Europa.