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España se prepara para la llegada del turismo internacional y el Ministerio de Sanidad ya ha reforzado los protocolos para intentar prevenir el contagio por coronavirus. Con la pandemia “evolucionando favorablemente” en nuestro país, con una “transmisión baja” y la capacidad para, según Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, “detectar de forma precoz” buena parte de los casos y brotes que van surgiendo, lo que permite realizar “respuestas rápidas y localizadas”, lo que centra ahora la preocupación se refiere a dos aspectos fundamentales: que los ciudadanos mantengan la responsabilidad individual y “no se relajen excesivamente las medidas”, y los posibles casos importados.
Respecto a esto último, el objetivo del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas es realizar un adecuado seguimiento de los viajeros que llegan a España para mantener el control de la transmisión de coronavirus en caso de brotes.
En este sentido, los viajeros que a partir de este domingo entren en España a través de cualquiera de sus aeropuertos y puertos se someterán a tres controles por parte de las autoridades sanitarias: se les tomará la temperatura, se les hará una observación visual sobre su aparente estado de salud y se registrarán sus datos de localización, tal como ha detallado el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
En el supuesto de que el viajero no supere satisfactoriamente alguno de estos tres requisitos, será examinado por un médico y, en función de su diagnóstico, será derivado a los sistemas asistenciales de la comunidad autónoma que corresponda para ponerle en cuarentena o incluso hospitalizarlo si fuera necesario.
Con este propósito, para poder desarrollar un correcto control, el Ministerio ha reforzado el personal de Sanidad Exterior, formado por unas 600 personas, con un centenar de profesionales que habitualmente prestan ya servicio en aeropuertos y puertos y que será paulatinamente incrementado en función de las necesidades, en colaboración con el Ministerio de Transportes.
Por otro lado, y como ya anticipase el epidemiólogo Fernando Simón, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha descartado la opción de hacer pruebas PCR de modo masivo a los turistas, dado que el Gobierno parte de la base de que aquellos viajeros que presenten síntomas antes de su desplazamiento no van a viajar, por lo que sólo se practicarán PCR a viajeros que entren en nuestro país en el caso de que Sanidad Exterior lo estime necesario tras la evaluación general a la que someterá todo pasajero. “Que un viajero dé una PCR negativa no quiere decir que en unos días no pueda dar positivo”, dijo Simón en una pasada comparecencia.
El fin del estado de alarma en la madrugada del sábado al domingo representa la apertura de la movilidad en España. Será entonces, a partir del 21, cuando el país, además de tener libre circulación entre provincias, abra sus fronteras a todos los países de la zona europea Schengen, con la excepción de Portugal, cuya frontera no se abrirá hasta el 1 de julio, mismo día en que la UE abrirá sus fronteras externas.
En este contexto, Salvador Illa ha considerado que el proyecto piloto que se está desarrollando en Baleares con la llegada anticipada de turistas alemanes está funcionando correctamente y ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad señalando que todos los socios de la UE son países serios donde se controla a las personas con sintomatología compatible con COVID19, a las que no se permitirá viajar, como hace España con los casos confirmados o contactos estrechos a los que pone en cuarentena.
En esta línea, una vez mes, el ministro ha recordado que hoy por hoy la única herramienta legal de la que dispone el Gobierno para imponer un confinamiento generalizado y restringir la movilidad es el estado de alarma, que volverá a utilizar en caso necesario.
Sin el estado de alarma, lo que se puede hacer es actuar de manera "quirúrgica" sobre grupos puntuales ante un rebrote, como se hizo en febrero aislando a los clientes de un hotel de Tenerife o con el confinamiento de Igualada en Cataluña, decisiones que competen en todo caso al ejecutivo autonómico y que han de ser avaladas posteriormente por un juez, ha explicado.