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David Vargas, el expárroco investigado por estafar a feligresas y por falsificar una boda entre dos octogenarios (uno de ellos muerto) para lograr una herencia de medio millón de euros ha sido condenado a tres años de prisión. Así, lo ha dictado la sección décima de la Audiencia de Barcelona que declara responsable civil al Obispado de Vic y podría tener que indemnizar a los familiares con 200 000 euros.
Vargas, que era rector de la parroquia de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), ha sido condenado por un delito de falsedad documental. Además, la Audiencia también impone un año y medio de cárcel a la hija de la mujer que contrajo la falsa boda, por firmar como testigo de la misma.
Ambos condenados deberán pagar 203 934 euros de indemnización a los familiares a quienes correspondía la herencia, cantidad que podría asumir el Obispado de Vic, al que pertenece la parroquia, como responsable civil subsidiario por no haber supervisado el expediente matrimonial y no haber detectado las "irregularidades" que presentaba.
La boda que falsificó el condenado era de una pareja de octogenarios que llevaban viviendo juntos varios años, hasta que en 2008 el hombre falleció, sin haber dejado testamento y sin descendientes directos, de forma que la herencia, valorada en medio millón de euros, iba a ir a parar a manos de dos sobrinos.
Meses después de su fallecimiento, la que era su pareja de hecho, ya fallecida, se "concertó" con David Vargas para fingir que habían contraído matrimonio en julio de 2008.
Para ello, el expárroco cumplimentó a mano el expediente matrimonial, en el se suplantó la identidad del fallecido, y la hija de la mujer firmó como testigo del enlace, tras lo que se encargó de tramitar su inscripción en el Registro Civil de Sant Vicenç de Castellet para que se reconocieran los "derechos sucesorios" a su madre.
La falsa esposa fue declarada heredera de los bienes del fallecido y a su vez designó a su hija como sucesora, tras lo que firmó una hipoteca inversa sobre un inmueble con la que obtuvo 78 448 euros.
El tribunal, que absuelve a los procesados del delito de estafa agravada de que inicialmente se les acusaba, recuerda que el expediente matrimonial falsificado se guarda en la parroquia de Sant Vicenç, "bajo su más estricto control y disposición y vigilancia del Obispado".
Según la sala, dicho expediente matrimonial adolece de nueve "irregularidades" que suponen "incumplimientos graves del derecho canónigo y el código civil", pero que el Obispado no detectó pese a que la documentación estaba a su disposición "para su control".
La Audiencia cree que el expediente "debería haber sido supervisado con mucha mayor antelación que la fecha en que se hizo la denuncia" y advierte de que "una simple revisión -ni siquiera profunda-" habría permitido detectar de forma inmediata las irregulares del documento, "teniendo en cuenta lo burdas que son".
Además de este caso, Vargas, que fue expulsado del sacerdocio en 2013, está siendo investigado por un juzgado de Barcelona por estafar más de 3,5 millones de euros a ancianas feligresas para que le cedieran notarialmente la gestión de su bienes y por vender una falsa reliquia de un santo a una orden religiosa.
Por esta trama, los Mossos detuvieron el 5 de diciembre de 2019 al expárroco, quien días después, cuando supo que la policía había encontrado la maleta con dinero y joyas de las víctimas en el registro de su domicilio, intentó suicidarse arrojándose de un puente de la Ronda de Dalt de Barcelona.
Los equipos de emergencia le salvaron la vida y lo llevaron al hospital, donde permaneció ingresado en estado grave con diversas fracturas y contusiones y, cuando salió, el juez instructor ordenó su detención e ingreso en prisión preventiva, en la que permaneció durante meses.