Las personas discapacitadas de la Comunidad de Madrid han presentado en el último año casi 500 denuncias por la existencia de barreras de cualquier tipo, una realidad que se repite en el resto del país. La cifra apoya la protesta hecha pública la semana pasada por un ciudadano que criticaba los obstáculos casi insalvables para una persona en silla de ruedas que rodeaban las dependencias de un tribunal de discapacidad.

Álvaro Medina relataba en El Diario los numerosos obstáculos que tuvo que sortear para poder acompañar a su padre en silla de ruedas hasta las oficinas del tribunal médico que expide el certificado de discapacidad.

Su caso no es único sino todo lo contrario. Diariamente muchas personas discapacitadas se encuentran con barreras de todo tipo. Y no solo hablamos de las más evidentes: las arquitectónicas, también de las que imposibilitan ver bien las pantallas de los ordenadores o de los móviles o las que dificultan el uso de cualquier dispositivo no preparado para este grupo de población.

La fecha del 4 de diciembre de 2017 venía marcada en rojo en los calendarios de las administraciones y de las asociaciones que velaban por los derechos de las personas con discapacidad. El hito era la consecución de la ansiada accesibilidad universal. Una Ley de 2013 otorgó una moratoria de 4 años para hacer realidad este ambicioso reto social. Pero la realidad es bien distinta a día de hoy.

Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y

Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA–Cocemfe Madrid), afirma que "hay una gran decepción en el sector de la discapacidad" cuando se han visto los resultados de la aplicación de esta la normativa. Cree que hay una gran responsabilidad por parte de las administraciones porque "no existe una estructura clara y definida que vele por su cumplimiento".

Denuncia, por ejemplo, que quienes son responsables de la concesión de licencias para la construcción de viviendas o locales comerciales no ejerzan ningún tipo de control sobre el cumplimiento de la normativa para personas discapacitadas. Tampoco que existan organismos que asuman estas competencias ni que sancionen los incumplimientos: "si dentro de las estructuras municipales no existe un órgano concreto que lleve a la práctica este control lo que ocurre es que nadie se ocupa de nada y todo sigue como está".

El descontrol es tan evidente que según Font, a día de hoy "se construyen viviendas de titularidad pública con barreras, como las diseñadas para personas con discapacidad que van equipadas con bañeras cuando este elemento no es accesible para alguien con movilidad reducida".

Este sentimiento de impotencia ante el fracaso de la accesibilidad universal queda de manifiesto cuando "ni una sola" de las casi 500 denuncias que ha presentado Famma ante el Consejo para la Promoción de Accesibilidad y Supresión de Barreras "ha prosperado con sanción a ningún municipio pese a estar demostrado que incumplen la normativa".

Para Font, todo se debe a "un procedimiento tedioso y largo además de la falta de voluntad política para sancionar al municipio que corresponda". Una realidad que se hace muchos más evidente cuando se sabe que "el 80 por ciento de los municipios madrileños no cuentan con algo como un Plan de Accesibilidad, al que están obligados por ley". Un incumplimiento que también ocurre a la obligatoria partida destinada a suprimir o eliminar las barreras arquitectónicas y que más del 80 por ciento de los municipios de la comunidad no disponen, incluido el ayuntamiento de Madrid".

Jesús Martín, delegado de Derechos Humanos del Comité Español de Representantes de Personas con discapacidad (CERMI) coincide también en esta idea de fracaso. En el 'Informe España derechos humanos y discapacidad 2018' presentado este mes de junio se recogen también las denuncias por la vulneración del derecho a la libre circulación de las personas con discapacidad". El texto señala "la existencia de gasolineras sin personal de atención al público, así como la "falta de protección" de la Ley de Propiedad Horizontal para eliminar barreras arquitectónicas en los edificios de viviendas, "que limitan el acceso de personas mayores o con movilidad reducida".

Por otra parte, CERMI ha lamentado también la "falta de compromiso" con la regulación de la figura del asistente personal en 2018, un hecho que, a su juicio, convierte el derecho a la vida independiente en "un anhelo lejano e incierto" para las personas con discapacidad.

El documento reclama, además, un nuevo marco laboral para personas con discapacidad "adaptado a los nuevos tiempos" y destaca la urgencia de hacer frente a la "discriminación sistémica" que sufren las mujeres con discapacidad en el acceso al mercado laboral.

"El fallo de una administración es mucho más grave que el fallo de una empresa", sentencia Font, "y ello porque es la que crea las normas y por lo tanto, sí o sí ha de cumplir con ellas y dar ejemplo". Por lo que respecta a las empresas, especialmente las más grandes, Font apunta que "este cumplimiento es algo vital dentro de lo que se conoce como responsabilidad social corporativa".

La sensación de fracaso es aún mayor, cuando se evalúan los resultados de esta accesibilidad universal que para el presidente de Famma que en el caso de Madrid o del conjunto del Estado "se incumple en casi el ciento por ciento de los municipios".

Para Famma, una de las posibles salidas a esta situación sería "obligar por ley a que todos los municipios tuvieran una Oficina de Accesibilidad". El objetivo sería que estas denuncias que se pierden en las trabas burocráticas estuviesen ahora centralizadas además de coordinar las diferentes competencias de cada organismo".